Sucre – El juez Álvaro Melgarejo recibió ayer la mayor sanción que impone el Consejo de la Judicatura, la suspensión de su cargo por un año, por cometer el delito de prevaricato, cuando determinó el traslado de Leopoldo Fernández del penal de San Pedro a Sucre, en base a una decisión de la Suprema.
El 22 de septiembre del 2008, el juez 6° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Álvaro Melgarejo, resolvió acatar el auto supremo emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, que pidió el traslado del expediente y del ex prefecto de Pando a Sucre, para que sea juzgado en el marco de un juicio de responsabilidades.
Ese hecho le valió el inicio de proceso administrativo en el Consejo de la Judicatura que, por la falta de quórum, no pudo resolver la denuncia hasta ayer, cuando hizo conocer su decisión.
El consejero Rodolfo Mérida explicó que la suspensión por un año es la máxima sanción para un funcionario jurisdiccional. Agregó que con la nueva ley del Órgano Judicial y de acuerdo con la Carta Magna, el delito de prevaricato establece la destitución.
Según la explicación de Mérida, durante el proceso judicial que se desarrollaba, Melgarejo fue recusado por parte de las víctimas, pero el proceso continuó con su decisión de remitir el cuaderno de investigaciones ante la Presidencia de la Corte Superior de La Paz, sin resolver la recusación planteada, lo que implicaba que sus acciones estaban parcializadas.
Además de la suspensión por un año, el Consejo determinó remitir el caso a la Fiscalía para que inicie la investigación penal sobre Melgarejo, sobre la probable comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución.
