El fiscal general del Estado, Mario Uribe, rechazó las amenazas de los ayllus de Potosí contra los fiscales que investigan el linchamiento de cuatro policías en Saca Saca (Uncía) en mayo. «El Estado Plurinacional de Bolivia se maneja bajo el sistema democrático y de derecho, por lo tanto, la ley no puede ser aplicada a criterio o capricho de ningún grupo o persona».
Uribe respondió así a la advertencia de los dirigentes de los nueve ayllus del Norte de Potosí, que dieron el martes 24 horas para que renuncien los fiscales que investigan el crimen, para que los representantes del Ministerio Público dejen la zona y para que Hilarión E. G. , único detenido por el ajusticiamiento, sea liberado.
«Rechazamos —dijo el Fiscal General— cualquier presión; estamos prohibidos de negociar la acción de la ley». Además, solicitó a la Policía tomar los «recaudos necesarios» para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y garantizar las indagaciones.
Cuando se le consultó sobre la amenaza de los ayllus de ir hasta la ciudad de Potosí para rescatar al único detenido, dijo que el Estado cuenta con el aparato represivo, como es la Policía, que debe tomar los recaudos para evitar cualquier acción al margen de la ley. Ayer, representantes de los ayllus anunciaron un cerco a la capital potosina para obligar a que Hilarión E.G. sea liberado.
