El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que el gobernador Luis Fernando Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo.
“El gobernador Luis Fernando Camacho ha sido notificado con un auto de apertura por el Tribunal se Sentencia que conoce el caso denominado Decretazo, justamente informando del inicio del juicio el 11 de marzo a las 13.00. Esta audiencia debe desarrollarse de manera presencial en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Además, ha sido notificado justamente con la orden de traslado hasta el centro penal de Palmasola, entre tanto se desarrollen las audiencias Judiciales”, informó el abogado Martín Camacho, defensa de la autoridad cruceña.
El jurista indicó que esta resolución del Tribunal 8 de Sentencia de la Capital de Santa Cruz que conforme a las reglas de procedimiento penal no tiene recurso de apelación y que cumple con los principios procesales de inmediación y oralidad que rige a la materia pernal justamente para que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales tanto de la parte denunciante y como de la acusada.
“(Luis Fernando Camacho) va a ser trasladado en tanto duren las audiencias de juicio y se cumplan con las etapas del proceso. Lo que tenga que durar el juicio, el Gobernador tendrá que estar en el penal de Palmasola para que pueda responder al llamado de la autoridad”.
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Camacho cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
En octubre de la gestión pasada, el Ministerio Público presentó la acusación contra Camacho en el caso Decretazo. Se lo apunta por intentar delegar su cargo de forma interina a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera.
Es sindicado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y la Fiscalía pide seis años de prisión.
“El hecho de haber publicado en la Gaceta Departamental el Decreto 373 ya tiene una acusación fiscal y va a ser en un juicio oral donde se determine la condena o la absolución del Gobernador”, señaló entonces Marcelo Aliaga, abogado del asambleísta departamental que presentó la denuncia.
