El debate y la polémica están abiertos. La Justicia pidió que el gobernador convicto Luis Fernando Camacho afronte en Santa Cruz su juicio oral por el caso Decretazo, desde el martes 11 de marzo a las 13.00. Ya hay voces que señalan que si se aplica esta decisión, retomará automáticamente sus funciones que fueron asumidas de manera interina por Mario Aguilera.
La investigación se refiere a la promulgación del decreto departamental 373, en marzo de 2022. Entonces, Camacho se ausentó a Brasil y, de acuerdo con el documento, delegaba sus tareas al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro; y no así al entonces vicegobernador Aguilera, tal como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
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No solamente eso. Tras los cuestionamientos a la norma supuestamente firmada por Camacho, se la eliminó de la Gaceta Departamental Oficial. El Gobernador se encuentra en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, desde diciembre de 2022, en el marco de las indagaciones por el caso Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Camacho y su juicio oral
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional determinó que Aguilera asuma de forma interina el cargo de Camacho, quien está imposibilitado de llevar a cabo sus funciones por su detención preventiva. En enero, pese a la resistencia de la Asamblea Legislativa Departamental y los seguidores del exlíder cívico, el Vicegobernador juró al cargo.
“Estando en el territorio (cruceño) y de manera inmediata, el gobernador Luis Fernando Camacho asume de nuevo las funciones de Gobernador electo y el Vicegobernador también sigue con sus funciones”, indicó el abogado defensor de la autoridad departamental encerrada en Chonchocoro, Martín Camacho, tras anunciar la notificación en el caso Decretazo.
Mientras que Efraín Suárez, integrante del equipo jurídico de Camacho y exasesor de su gestión como Gobernador, ratificó esto a Unitel. “Una vez el Gobernador pise suelo cruceño reasume las funciones de Gobernador del departamento, acatando la sentencia constitucional 1021/2023-S4. Esto debería realizarse de manera directa, sin necesidad de ningún trámite”.
Ahora queda la notificación con esta decisión a la Dirección General de Régimen Penitenciario y si ésta es atendida.
