La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) diseñará la ley de Control Social, que se anticipó convertirá a ese mecanismo en un suprapoder pues estaría por encima del gabinete de ministros. El Gobierno apoya la labor del organismo social.
La información la proporcionó el senador oficialista y presidente de la Conalcam, Fidel Surco, quien anticipó que diferentes sectores sociales participarán en la redacción de la propuesta de ley sobre el mecanismo de control social, definido en la Constitución.
«Se está viendo que sea un suprapoder. Está por encima de un gabinete (de ministros) y creemos que tenemos que ver esa situación, analizar fríamente y calcular qué es lo que puede pasar», explicó el legislador.
La Conalcam, que reúne a diferentes sectores sociales afines al Gobierno, se reunirá el 11 ó 18 de septiembre en Cochabamba para perfilar, junto al presidente y líder de ese bloque social, Evo Morales, la normativa del control social que luego será presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y aprobación.
El artículo 241 de la Constitución Política refiere en el parágrafo II que la «sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales».
«La Conalcam pretende ser una especie de superestado en el país. La Constitución estipula que el control social es para fiscalizar y hacer seguimiento a las políticas, pero no puede atribuirse prerrogativas superiores. Se quiere legitimar actos irregulares», cuestionó la diputada opositora Norma Piérola.
El Consejo de Participación y Control Social, identificado con el oficialismo, divulgó en los últimos días un proyecto de ley de control social que establecía inmunidad para los miembros de ese mecanismo. El oficialismo desconoció a la organización y rechazó la propuesta.
La viceministra de Transparencia, Duveisa Palacios, informó de que realizaron una sistematización sobre la percepción ciudadana respecto del control social. Este trabajo fue entregado a la Conalcam. «Éste es el apoyo que podemos darles (a la Conalcam) para que sea un proyecto solvente (el que diseñen)», explicó. La Conalcam, formada para enfrentar a la oposición regional, también se perfila como un control político del MAS.
El control social debe ser una labor gratuita
El Ministerio de Transparencia evidenció que la ciudadanía considera que quienes ejerzan el denominado control social no deberían percibir una remuneración económica por esa actividad. «Seguramente las organizaciones sociales discutirán éste y otros aspectos cuando elaboren el proyecto de ley del control social», sostuvo la viceministra de Transparencia, Duveisa Palacios.
El ministerio realizó el relevamiento de información en los nueve departamentos. Desarrolló 13 talleres, en los que participaron 730 personas. En criterio de Palacios, el control social se puede ejercer también a partir de instituciones de la sociedad civil como los comités cívicos incluso aquellos de oposición como el caso de Santa Cruz.
