El Ministerio de Defensa Legal del Estado desaparecerá para dar lugar a la Procuraduría General, que se encargará de la defensa de los intereses nacionales en juicios y arbitrajes internacionales. El presidente Evo Morales designará al procurador.
La diputada Cecilia Ayllón (MAS) informó que la Procuraduría del Estado nacerá como una institución encargada de defender los derechos del Estado en demandas, juicios y arbitrajes internacionales.
La Constitución Política del Estado prevé la creación de esta institución que, además de reemplazar al Ministerio de Defensa Legal del Estado, también asumirá el rol de «defender los intereses del Estado», que se le atribuía en la antigua Carta Magna a la Fiscalía General.
«Existirá un período de transición en el que el Ministerio de Defensa Legal pasará activos y todo lo que tiene a la Procuraduría General del Estado, pero ese tiempo se definirá todavía en las normas transitorias de la ley», explicó la legisladora.
El ministerio fue creado en junio del 2008 con objetivos como el de promover, defender y precautelar los intereses del Estado dentro de los procesos jurisdiccionales y arbitrales que se presenten o estén en trámite. Bolivia abandonó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Estado enfrentaría al menos siete procesos arbitrales interpuestos por dos empresas petroleras (CIHB y PAE), tres empresas eléctricas (Corani, Guaracachi y Valle Hermoso), una empresa minera (Quiborax) y finalmente una empresa en telecomunicaciones (ETI).
La ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, informó en julio del 2010 que los juicios internacionales demandarán de entre tres a cuatro millones de dólares.
«Lastimosamente la Fiscalía nunca ha cumplido su rol (de defensa del Estado) y es por eso que se ha recogido esa necesidad en nuestra nueva Constitución. Ahora, la Fiscalía cumple solamente el rol de defensor de la sociedad y la Procuraduría será en adelante la que va a defender los intereses del Estado».
La designación del procurador(a) corresponderá al Presidente, pero, en caso de que incurra en alguna falta en el ejercicio de sus funciones, no existirá una instancia especial para juzgarlo sino que se someterá a la justicia ordinaria.
«Quien lo juzgará no está en la Ley de la Procuraduría, pero como cualquier funcionario público está sujeto a las leyes del Estado como ser la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz u otras que son aplicables también al procurador», indicó Ayllón. La sede de la Procuraduría estará en El Alto. Esta semana se empezará a tratar el proyecto de ley.
Servidores públicos y la norma
Atribución
La Procuraduría General del Estado podrá requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas y los servidores públicos que por negligencia o corrupción ocasionen daños al patrimonio del Estado.
