La Ley contra el Racismo y la Discriminación obligará a las empresas a aprobar códigos de ética para sancionar administrativamente a los que incurran en actos racistas o discriminatorios. El caso, según la gravedad, también podría pasar a la justicia.
La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Marianela Paco, informó que las normas de ética empresariales deberán establecer instancias de denuncia y de seguimiento a procesos administrativos y disciplinarios contra los funcionarios infractores.
Un empleado que se sienta discriminado o afectado por un acto racista, denunciará su caso a las instancias creadas por los códigos de ética, que evaluarán la denuncia y aplicarán sanciones que podrían llegar hasta la destitución del trabajador.
«Si cualquiera de esos procesos amerita un juicio penal, entonces, esa instancia deberá remitir el caso al Ministerio Público», explicó la legisladora, aunque no precisó cuáles serían las agravantes para llevar una denuncia a las esferas del Órgano Judicial.
De llegar una denuncia a los estrados judiciales, la sanción es de siete años de cárcel, pero podría llegar hasta los 12 si se trata de un funcionario público que, al igual que el privado, estará sometido a la legislación contra el racismo y la discriminación.
El proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación se empezará a debatir mañana en Diputados y existe la decisión política de sancionarla hasta el sábado 11, día en que se recuerda los hechos de violencia de Porvenir, donde murieron 13 personas.
La norma, una vez aprobada, sancionará la discriminación por raza, sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad física, intelectual o sensorial, embarazo, procedencia, apariencia física u otras.
Los tipos penales serán: racismo, discriminación; difusión e incitación al racismo y la discriminación; instigación pública al racismo y la discriminación; y organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias.
El ciudadano víctima de discriminación o racismo podrá presentar denuncia ante la Fiscalía o el Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que creará la ley. La diputada Norma Piérola aseguró que existen excesos en el proyecto de ley.
Los medios también serán controlados
Los medios de comunicación correrán el riesgo de perder su licencia de funcionamiento en caso de incurrir en conductas racistas o de discriminación. Así lo establece el proyecto de Ley contra el Racismo y la Discriminación, que según la diputada Marianela Paco debe estar aprobada hasta el sábado.
«Los medios de comunicación también van a ser corresponsables en la eliminación de estas conductas a través de cuidar en sus contenidos manifestaciones discriminatorias y racistas», explicó Paco.
Los artículos 17 y 18, referidos a los medios de prensa, señalan que ningún medio de comunicación escrito, radial o televisivo contendrá notas discriminatorias bajo sanción económica o con la suspensión de la licencia de funcionamiento.
«Esto es coartar la libertad de expresión. La CPE dice que esa libertad es sagrada y acá no hay garantías para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo», sostuvo la diputada Norma Piérola.
