Veintitrés organizaciones de defensa de los derechos humanos de América Latina repudiaron desde Buenos Aires unos polémicos decretos del Gobierno peruano que a su juicio «ponen límites» al enjuiciamiento de militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Los decretos suponen «un claro retroceso en la lucha contra la impunidad en la región, en la cual el juicio al ex presidente Alberto Fujimori constituyó un hito fundamental». Una de las normas «pretende garantizar que las graves violaciones a los DDHH ocurridas en Perú no sean consideradas crímenes de lesa humanidad, sino delitos comunes y por lo tanto posibles de prescribir».
