La propuesta de una castración química contra los violadores de niños ha generado, en la Cámara de Diputados, una intensa discusión que, al final, ha derivado en que se descarte tal posibilidad. Tampoco ha prosperado el castigo de la castración física.
Un grupo de representantes de padres de familia, al conocer esta decisión, ha expresado su molestia. Temen, dijeron estas personas, que el proyecto de Ley de Reformas al Código Penal para la Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes resulte demasiado tolerante, benevolente para con los criminales. Seguramente insistirán; pero parece claro que no hay consenso legislativo para la inclusión de la castración en la ley.
Es cierto que los abusos contra niños son frecuentes. Basta revisar las notas de prensa, que recogen algunos de los casos denunciados, para intuir la gravedad del problema.
Por supuesto que es preciso endurecer las sanciones contra los culpables; pero, aunque resulte difícil de aceptar por la indignación que estos casos despiertan, una sociedad debe actuar con las consideraciones de justicia y respeto de los derechos humanos, aun si se trata de criminales. Castigo, sí. Penas de cárcel más severas, sí. Pero ojalá sin perder de vista que un pueblo no puede rebajarse al nivel de quienes delinquen.
