El estado de emergencia en tres cárceles de La Paz continúa, mientras el Gobierno dice que solucionó dos de seis puntos del pliego de reos de Chonchocoro. Aún está pendiente la solución a la observación de la Ley 007 que provocaría hacinamiento.
El miércoles, los internos de los penales de Chonchocoro, San Pedro y del Centro de Orientación Femenina (COF) hicieron conocer demandas comunes y particulares por las cuales se declararon en estado de emergencia.
Entre las demandas particulares de un centenar de reos de Chonchocoro está el cambio de destino del capitán Christian Saavedra, del mayor Yamil Saavedra y del teniente Dulfredo Gostiaga, encargados de seguridad, por haber cometido «abusos». Asimismo, solicitaron la asignación de un médico para la atención correspondiente, entre otras peticiones.
Gróver Chipana, uno de los representantes de los reos de Chonchocoro, informó a La Razón que la huelga de hambre continuaba hasta ayer, porque «sólo se cumplió el tema del médico y nada más», aseguró.
La versión del reo contradice a las declaraciones realizadas por el director interino de Régimen Penitenciario, José Rodríguez, quien durante la mañana de ayer aseguró que, en una reunión que se sostuvo el miércoles, se llegó a un acuerdo con los reclusos «sobre varios puntos del pliego petitorio». La autoridad dijo que se asignó un médico al recinto carcelario y se determinó el cambio del mayor Yamil Saavedra.
El gobernador de Chonchocoro, coronel Hernán Ramírez, informó a este diario que ignoraba la decisión de Régimen Penitenciario. «Yo no sé, se va a tomar la decisión seguramente hoy o mañana. A mí me comunican por memorándum no más», indicó.
Rodríguez añadió que aún se analiza la situación del capitán Christian Saavedra y del teniente Dulfredo Gostiaga, quienes son los otros policías que comandan la seguridad de Chonchocoro.
Entretanto, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, Freddy Hinojosa, aseguró que las medidas de resguardo en Chonchocoro se reforzaron a consecuencia de la muerte de un reo. «No ha habido ningún exceso, sólo hay denuncias que están siendo analizadas», recalcó.
Por parte del Ejecutivo no hubo ningún pronunciamiento referido a las demandas acerca de la Ley 007, que establece la ampliación de la detención preventiva de internos de 18 a 36 meses.
«El Gobierno mete presos cada día, pero al mismo tiempo impide que salgan otros, situación que hace colapsar el sistema carcelario y produce hacinamiento», dijo el presidente del Consejo de Delegados del penal de San Pedro, Dante Escóbar. Informó que el estado de emergencia continúa en este centro al igual que en el Centro de Orientación Femenina.
Amenazan con más protestas
Los reos de San Pedro amenazaron con una huelga e impedir la entrada de visitas, a partir del lunes, si su pliego petitorio no es atendido por el Gobierno. Asimismo, los reclusos de Chonchocoro dieron un plazo hasta la próxima semana para la atención a sus demandas.
4 grupos de poder en San Pedro
Reclusos de San Pedro denunciaron la existencia de cuatro grupos de poder que «prácticamente tomaron el control del sector La Posta», incurriendo en prebendalismo.
«Son los grupos de Leopoldo Fernández, Santos Ramírez, los detenidos por el caso terrorismo y el grupo de Luis Amado Pacheco, alias Barbaschocas; tomaron el control de La Posta y hacen exhibición de poder. En este penal existen presos de primera y de segunda», aseguró un recluso que pidió mantener en reserva su nombre por posibles represalias.
No obstante, el director del penal de San Pedro, coronel Roberto Cassas, negó que existan los mencionados grupos. «Eso es totalmente falso, el problema es que existen reservas de la población (carcelaria) con La Posta, porque ellos supuestamente tienen privilegios y porque están varias personalidades ahí, pero acá no hay ningún clan ni grupos de choque, porque sino habrían enfrentamientos», manifestó.
«Por ejemplo los familiares de Leopoldo Fernández entran directamente por la puerta lateral, en cambio las visitas a la población deben hacer cola. Los presos pedimos que se abra La Posta», remarcó el reo.
Indicó que existe además deficiencia en la infraestructura del recinto carcelario. «Hay siete baños con cinco inodoros y 32 duchas para aproximadamente 1.600 presos, las alcantarillas son de hace 100 años y 60 niños viven acá», denunció.
