El proyecto en cuestión se denomina «Ley de defensa de los derechos y libertades de expresión, prensa e información». Uno de sus dos articulados plantea eliminar el artículo 16 de la Ley Antirracismo, que prevé la suspensión de la licencia de un medio de comunicación que autorice y publique ideas racistas y discriminadoras.
El segundo propone modificar el cuestionado artículo 23 de la norma, para que, en casos de discriminación y racismo por parte de un trabajador o dueño de medio de comunicación, éstos sean sometidos a la Ley de Imprenta y no a la justicia ordinaria.
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) presentarán en dos meses la propuesta de ley ante la Asamblea Legislativa, junto con los libros de firmas de apoyo ciudadano a la libertad de expresión.
El presidente de la APLP, Pedro Glasinovic, explicó que la alternativa que se plantea se encuentra amparada en la iniciativa legislativa ciudadana reconocida en la Constitución Política del Estado.
La Asamblea Legislativa tramitará el proyecto. Este poder se encuentra controlado, en sus dos instancias camarales, por legisladores del oficialismo, que aprobaron la ley contra el racismo en medio de protestas y reclamos de los periodistas por la libertad de expresión.
La diputada del oficialismo Rebeca Delgado anticipó el fracaso de la iniciativa. «La posición política del MAS se tomó el momento en que se promulgó la Ley Antirracismo», sentenció. El presidente del Senado, el masista René Martínez, coincidió con la posición de su colega. «La norma está vigente y se mantiene nuestro criterio», aseguró el senador.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el apoyo ciudadano, a través de firmas, a la iniciativa legislativa ciudadana, es importante en términos políticos. «Se puede presentar el proyecto con cinco firmas, pero como es político, no tiene el mismo peso que 500 o más».
En El Alto, Leopoldo Ibarra, representante de los trajabadores de base de la prensa, indicó que impulsarán un referéndum para anular los dos artículos que afectan la libertad de expresión.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, explicó que una consulta ciudadana debe ser aprobada por la Asamblea y ser sometida a control constitucional para ser encaminada. No obstante, advirtió que no es posible su realización por lo menos en los siguientes 12 meses, porque están en agenda otros procesos electorales como la elección de las autoridades del Órgano Judicial y autoridades ediles en al menos cuatro municipios.
El mandatario Evo Morales reiteró ayer en Cochabamba su invitación a los trabajadores de la prensa y a los dueños de medios de comunicación a trabajar en el reglamento, aunque cuestionó las movilizaciones que encaminan los gremios de los periodistas.
También se mostró partidario de que las licencias de funcionamiento de los medios de comunicación pasen a los trabajadores, en caso de que se les suspenda a los propietarios.
«En la reunión del gabinete ministerial del miércoles se definirá qué ministros participarán directamente en la elaboración del reglamento de la ley», sostuvo el gobernante.
REGLAMENTO NO ES LA SOLUCIÓN
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas aseguró que la reglamentación de la ley contra el racismo y la discriminación no cambiará el espíritu de la ley. «Si la ley dice que usted será degollado, la reglamentación discute si será con cuchillo de cocina o con cuchillo de carnicería», graficó. Mientras tanto, en Santa Cruz, según reportó ANF, el camarógrafo Nobel Daza subió a la torre de transmisión de un canal televisivo y amenazó con lanzarse al vacío en protesta contra los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo promulgada por el Presidente el viernes.
ONU pide concertación y tomar en cuenta sugerencias
El sistema de Naciones Unidas en Bolivia abogó por la concertación y por que se tome en cuenta en el proceso de redacción del reglamento de la ley contra el racismo y la discriminación las sugerencias de relatores de la OEA y la ONU sobre libertad de expresión.
La reglamentación debe hacerse «en base a un amplio proceso de concertación y participación social de acuerdo a su propia disposición final», refiere un comunicado.
Añade su confianza en que este proceso «sea una oportunidad para el encuentro, un debate uniformado y equilibrado para importantes consensos sociales que aporten en el objetivo común de asegurar la garantía universal de los derechos humanos y una convivencia pacífica y respetuosa…».
También recuerda que el 29 de septiembre, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que en el caso de los artículos 16 y 23 de la ley, se tomen en cuenta las recomendaciones de los relatores de la OEA y la ONU sobre la libertad de expresión: «a) toda medida de derecho civil, penal o administrativo que constituya una injerencia en la libertad de expresión debe refrendarse por ley; b) estas medidas deben ser claras y precisamente definidas, y c) deben ser aplicadas por un organismo libre de influencias injustificadas».
