La Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria de agosto de 2003 establece el marco jurídico alternativo, para que deudores y acreedores, con la garantía del Estado, acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de empresas no sujetas a regulación por la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras ni la ex Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros.
Un estudio realizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), a nueve de las empresas que se acogieron a la Reestructuración Voluntaria, señala que las mismas muestran «particulares problemas» a los que se vieron enfrentadas en su fortalecimiento y superación de sus respectivos conflictos de capital.
Los indicadores financieros de las empresas Gundlach ICSA, Santa Mónica Cotton Trading Company SA, Yotaú All Suites Hotel SA, Sociedad Agrícola Ganadera Industrial de Cinti SA y Bolivian Oil Services SRL no son favorables y muestran que las firmas no tienen suficiente liquidez para afrontar sus deudas, además, en algunos casos no tienes proyecciones, dice el estudio.
En este marco, el trabajo de la AEMP recomienda realizar una auditoría externa al proceso en su integridad, «por haberse encontrado algunos indicios de otorgamiento del beneficio de este programa a empresas que no contaban con los perfiles requeridos» para ser incluidos en el programa, «así como respecto del cumplimiento de plazos en el proceso de reestructuración».
La empresas Hidroeléctrica Boliviana, América Textil y Texturizadora Boliviana SA hicieron, por otra parte, buen uso de los recursos que obtuvieron mediante la Ley 2495, situación que les permitiría tener la liquidez suficiente para afrontar sus deudas.
