A las 6.00 de ayer, los 1.600 internos del penal de San Pedro de La Paz iniciaron una huelga de hambre para exigir una solución al hacinamiento en la cárcel; mejoras a las atenciones en salud, alimentación e infraestructura y acciones contra la retardación de justicia.
Desde temprano, las pancartas expuestas en la reja de seguridad del recinto daban cuenta de la medida de protesta que ya había sido anunciada la semana pasada. Los presos gritaban sus demandas desde el fondo del penal. Ninguna de las autoridades carcelarias, que dependen del Ministerio de Gobierno, facilitaron el acceso a la penitenciaría para entrevistar a los internos.
El director del penal de San Pedro, coronel Roberto Cassas, afirmó que no había ninguna orden para un contacto entre la prensa y los presos.
Pero los internos se dieron modos para entregar una copia del acta de entendimiento que le presentaron al director general de Régimen Penitenciario, José Alberto Rodríguez, donde indican sus demandas que —dicen— hasta ahora no fueron atendidas.
Como primer punto, los presos piden el aumento del prediario individual (bono de alimentación) de Bs 5,50 a Bs 15 y que el Ministerio de Economía considere en su presupuesto el incremento vegetativo de los internos.
Luego demandan solucionar los problemas de infraestructura para evitar que se derrumben las celdas, paredes y techos, además de obras de alcantarillado, mingitorios y duchas, antes de que llegue la época de lluvias.
Solicitan también la modificación del primer artículo de la Ley 007/10 que cambió el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, que establece que la detención preventiva cesará «cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado acusación o de 36 sin que se hubiera dictado sentencia», hecho que, según los internos, está provocando el hacinamiento en todas las cárceles del país.
Denuncian el incumplimiento de la Ley 2298 de Ejecución Penal, que manda a detención domiciliaria a personas mayores de 60 años y revelan el cobro de coimas de parte de fiscales. Los internos demandan la reapertura de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés porque «fue suspendida ilegalmente».
Además, en un pliego petitorio presentado el 4 de octubre a las autoridades penitenciarias, exigen la asignación de enfermeras, la dotación de medicamentos, la designación de procuradores jurídicos en los penales para representar a los internos en los estrados judiciales y que se instruya en derechos humanos a la seguridad policial de los centros.
El presidente del Consejo de Delegados, Dante Escóbar, informó que los 1.600 presos del penal asumieron la huelga. «No hay una sección de nuestro penal que no esté en huelga. Están cumpliendo la medida en los pasillos y en todos lados», manifestó.
Este medio intentó comunicarse con el director de penitenciarías, José Rodríguez, para conocer la posición del Gobierno, pero no tuvo éxito.
En cuarto intermedio
Internas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, que estaban en huelga de hambre, están en cuarto intermedio. Esperan aumento en sus prediarios, un médico y mejoras en la cárcel.
