El juez 9º de Instrucción en lo Penal, Rolando Sarmiento, ordenó la detención domiciliaria del ex alcalde de El Alto, Fanor Nava, quien demandó que su sucesor, Édgar Patana, también sea procesado por agilizar un contrato con la empresa de Tratamiento de Residuos Sólidos de Bolivia (Trebol).
Sarmiento también determinó que Nava sea arraigado y que acuda las veces que sea citado por el fiscal para proseguir las investigaciones. Además, le fue prohibido apersonarse a la Alcaldía o relacionarse con los funcionarios, salvo que las pesquisas así lo determinen.
El fiscal Harry Suaznábar encontró resoluciones de directorio del 16 de mayo del 2007. En ellas se dispone «la contratación directa de Trebol». Sin embargo, la empresa habría incumplido la Ley 878 y el decreto reglamentario referente a la contratación de servicios.
Nava descartó toda sospecha de dolo en la suscripción del contrato con Trebol. Dijo a la agencia ANF sentirse insatisfecho por la resolución emitida por el juez y anunció que pedirá que el actual alcalde Édgar Patana sea incluido en el proceso.
En aquella época, Édgar Patana, en su condición de secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR), era delegado en el directorio de la Empresa Municipal de Aseo de El Alto, al igual que el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el presidente del Concejo Municipal de entonces. Todos recibían dieta por las reuniones.
«Mi abogado fue claro al señalar que se (optó por la contratación directa) después de tres licitaciones declaradas de-siertas y no podíamos dejar a El Alto sin el servicio de la basura. No estoy satisfecho (con la resolución judicial) y creo que vamos a ver la posibilidad de apelar», anunció. La fiscalía también apelará la resolución y exigiendo la detención de Nava.
Cargos en su contra
El fiscal Harry Suaznábar encontró indicios de culpabilidad en el ex alcalde de la ciudad de El Alto, en los delitos de: daño económico, contrato lesivo al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Se calcula que el daño económico ascendería a Bs 108 millones.
