Desde la siguiente semana, la conformación del Comité Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación será la prioridad para el Ejecutivo. La organización estará a cargo del Viceministerio de Descolonización.
«En realidad son dos trabajos paralelos que se realizan por mandato (del jueves en la Vicepresidencia). Lo primero que se conformará es el Comité (de Lucha contra el Racismo y la Discriminación), luego la reglamentación con un proceso de socialización y levantamiento de información para propuestas de la reglamentación», explicó Idón Chivi, director de Descolonización.
El funcionario informó que el comité estará conformado por todas las organizaciones mencionadas en la Ley 045. «No se descarta a nadie y se insistirá en la convocatoria a la prensa; si no quieren venir, están en su derecho», dijo.
La norma señala, en su artículo 7, la creación del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativa integrales contra el racismo y toda forma de discriminación.
El ente estará conformado por instituciones públicas, organizaciones sociales, indígenas, interculturales, afrobolivianas, organizaciones de DDHH, Defensa de la niñez y juventud y de mujeres. La Oficina del Alto Comisionado para los DDHH en Bolivia y la Defensoría serán observadores.
El jueves se realizó la primera reunión para elaborar el reglamento de la Ley Antirracismo. La cita tuvo la participación de 116 delegados de 57 sectores.
Tras su creación tendrá 5 funciones
Según la Ley 045, el Comité Nacional contra el Racismo y Discriminación tendrá cinco funciones. Entre ellas están: la dirección en la elaboración de un Diagnóstico y un Plan Nacional de Acción contra el Racismo y toda forma de Discriminación; promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación; precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley; realización, seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y forma de discriminación. Finalmente, velará que los reglamentos de personal, disciplinarios u otros al interior de la Administración Pública, incluyan como causal de proceso interno el racismo.
