Los internos de los penales San Pablo, de Quillacollo, y San Antonio, en el Cercado, se amotinaron ayer; los primeros para evitar el ingreso de un portador del VIH-Sida, y los segundos para pedir que el delegado anticorrupción se retracte de una declaración.
Según informes del coronel Alberto Antezana, gobernador de San Pablo, C. Q. P. (26) fue internado en el hospital Viedma en los pasados días y el último martes fue dado de alta, por lo que regresó al penal. Sin embargo, los internos prohibieron su ingreso, poniendo cadenas y candados a la puerta, y se declararon en emergencia.
«En el penal no existe un ambiente para aislarlo y hemos tenido que pasar la noche con él en la (oficina de la) gobernación, es un acto de discriminación, hemos conversado con los internos y se niegan a recibirlo», dijo Antezana.
Los reclusos contaron que el paciente está en etapa terminal y temen por la salud de la población. «Expulsa flemas con sangre, sabemos que está en etapa de contagio porque presenta herpes genital, lumbar, labial y no podemos correr riesgo; aquí vivimos 144 internos varones, 22 mujeres y niños, queremos su traslado, porque aquí no vamos a permitir su ingreso», declaró un recluso.
Reclamo. El enfermo explicó que la reacción de los internos se debe a negligencia médica, porque los galenos no llegaron con información oportuna sobre la transmisión del VIH-Sida. «Para los reclusos, todo lo que toco es veneno, no quieren que ingrese, llegué a las 20.00 del martes y me cerraron las puertas. Quiero que me lleven a un lugar donde pueda estar bien, hasta que se realice el proceso y pruebe mi inocencia», dijo.
El joven vive con el VIH/Sida hace cuatro años, está acusado de secuestrar, violar y asesinar a su enamorada Giovana Ch. G. (24), el 4 de febrero en Ayopaya. Karim Gemio, directora interina de Régimen Penitenciario, acudió al recinto, explicó que no cuentan con celdas de aislamiento para estos casos, pero se comprometió a solucionar el conflicto.
Los internos de San Antonio se sumaron a las protestas de los reos de El Abra. Amenazaron con una huelga de hambre y exigieron a Gonzalo Daza, responsable del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se retracte de las denuncias hechas en contra de los delegados. «En una reunión llevada al interior de San Sebastián mujeres intervino y dijo que nosotros consumíamos bebidas alcohólicas, poniendo en duda nuestro comportamiento», indicó un representante de los internos.
En El Abra se acusó a Daza de cometer actos de corrupción; el fiscal de Distrito, Camilo Medina, informó que Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura ordenó la indagación de denuncias contra Daza cuando era secretario de un juzgado de Villa Tunari.
