Organizaciones de periodistas, empresarios, políticos del oficialismo y la oposición, comunicadores sociales y el Poder Ejecutivo expresaron su posición sobre los artículos 16 y 23 de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Los puntos de vista, resumidos en el cuadro, reflejan las razones y los argumentos por las cuales, en unos casos, hay oposición a los dos artículos de la Ley Antirracismo, aprobada el 8 de octubre, y, en otros, ratifican su respaldo y, de esta forma, aluden su apoyo a la etapa de reglamentación que viabilizará la norma.
El artículo 16 establece que «el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación».
En tanto, el artículo 23 señala que «la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación…serán sancionados con privación de libertad y si éstos fueran cometidos por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
Una mayoría de las organizaciones de prensa no han asistido a la invitación que realizó el Ministerio de la Presidencia para ser parte del proceso de reglamentación y, por el contrario, se mantienen movilizadas y están en una campaña destinada a lograr el apoyo de un millón de ciudadanos para, por la vía de la Asamblea Legislativa, lograr que se elimine el artículo 16 y se modifique la redacción del artículo 23.
Asimismo, han optado por denunciar los artículos que consideran inconstitucionales, ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La denuncia se presentará el lunes a las 16.30.
Estas organizaciones anunciaron que intensificarán la campaña de recolección de firmas en sus libros. Ayer se conoció, a través de radio Panamericana, que esta iniciativa también se desarrollará en Estados Unidos.
Pero también existen otras visiones y otras voces que coinciden total o parcialmente con la posición de las mecionadas organizaciones. Andrés Gómez, de la red Erbol, y Amanda Dávila, de la Plataforma de periodistas independientes, por ejemplo, asistieron a la convocatoria del Poder Ejecutivo para aportar en el proceso de redacción del reglamento a la ley.
Gómez declaró a La Razón que el artículo 16 está mal redactado y que el 23, como está, tiene un objetivo político de venganza mas no jurídico. No obstante, señaló que participa de la convocatoria gubernamental para aportar con sus ideas.
«Las organizaciones de periodistas se han puesto en la posición de suma cero. Nosotros creemos que hay que estar en la reglamentación». En contraposición a las organizaciones de prensa, la periodista Amanda Dávila, así como la diputada Marianela Paco, consideran que ante la ley todos somos iguales y nadie puede beneficiarse de fuero alguno.
Pero la diferencia de criterios también se presenta entre parlamentarios. Marianela Paco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, asegura que la ley no viola artículos de la Constitución y menos los derechos humanos. Mientras que algunos parlamentarios de la oposición, como el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Convergencia Nacional (CN), consideran que los artículos 16 y 23 son inconstitucionales y justifican la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En opinión de la periodista Amanda Dávila, los artículos 16 y 23 ni privan la libertad de expresión ni son inconstitucionales.
Con relación al artículo 16, la comunicadora sostiene que esta disposición «no tiene ninguna relación con el derecho a expresar opiniones contrarias y críticas a las autoridades o a sus políticas o las leyes. Tal como lo establece la Ley de Imprenta, esto no constituye delito. La Ley contra el Racismo ni siquiera menciona las opiniones políticas: disentir, protestar, atacar y oponerse a las autoridades sigue siendo un derecho de todos y todas», explicó.
Para Juan Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la redacción de los artículos permite diferentes interpretaciones que se pueden prestar a «intereses ocultos», por lo que participar de su reglamentación es reconocer implícitamente su vigencia.
La diferencia de opiniones que generó la redacción de estos artículos motivó a la representante de Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, a señalar que «lo ideal hubiera sido que los consensos se hubieran alcanzado en el proceso de aprobación de la ley», pero que como ahora el proceso está en la instancia de la reglamentación, «deberían participar la mayor parte de los sectores involucrados», dijo respecto a las organizaciones de la prensa.
Presentaron recurso contra los dos artículos
Tres parlamentarios opositores plantearon un recurso de inconstitucionalidad en contra de los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo y, además, pidieron la suspensión momentánea de los dos artículos impugnados, hasta que se conforme un nuevo Tribunal Constitucional.
Luego de presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional con sede en Sucre, la diputada Norma Piérola explicó que el actual Tribunal es liquidador y transitorio y no tiene competencia para conocer estas acciones legales o recursos, sin embargo, en base a la Ley 1836, todavía vigente en su criterio. La Comisión de Admisión puede determinar la suspensión momentánea de los dos artículos cuestionados.
«Estamos demostrando que los artículos 16, 23 y la disposición única transitoria de la Ley 045, así como los artículos 82 y 84 de la Ley de Régimen Electoral, son evidentemente inconstitucionales, por tanto inaplicables, siendo así que dichos artículos vulneran y contrastan o son contrarios a la Constitución», señala parte del memorial firmado por los diputados Norma Piérola, Roy Moroni y Adrián Oliva.
Por su lado, Moroni dijo que otro objetivo de la presentación del recurso es agotar todos los mecanismos internos que franquea la ley boliviana, para luego recurrir a organismos internacionales (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y denunciar la vulneración de los derechos establecidos en la Constitución.
Periodista de El Alto marcha desde Oruro
El periodista alteño Leopoldo Ibarra inició ayer desde Oruro una marcha de protesta hasta La Paz en protesta contra los artículos 16 y 23 de la Ley Antirracismo. El comunicador partió a las 11.00 de Oruro y recorrió 37 kilómetros para llegar hasta Caracollo en el lapso de seis horas. «Hemos llegado a las 17.00 a Caracollo y mañana retomaremos el camino desde las 8.00», aseguró ayer a La Razón.
A la marcha se plegó un compañero de Oruro, pero luego abandonó por problemas familiares. «Sin embargo, volverá para llegar hasta la sede de gobierno», aseveró. «El motivo de la marcha es la defensa de la libertad de expresión y prensa. Por la memoria de los mártires que murieron en octubre negro del 2003 y por la integración de Bolivia y la democracia», dijo Ibarra.
El periodista afirmó que otros cuatro colegas de El Alto se sumarán a la marcha en Caracollo. También confirmó la presencia de Jaime Solares, de la Central Obrera Departamental de Oruro; Rufo Calle, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia: y de Guadalupe Cárdenas, activista de El Alto. Ibarra tiene previsto llegar a La Paz el lunes.
