La Fiscalía identificó la zona donde estarían los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aunque no lo reveló, y prevé llevar expertos al lugar. También anunció una investigación al entorno militar del ex presidente Hugo Banzer, debido a que un militar habría requerido el cuerpo del ex líder socialista.
Así lo informó Eduardo Morales, uno de los fiscales que investiga el caso, quien añadió que la próxima semana la comisión que investiga este caso se reunirá para evaluar las declaraciones del ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, hechas el jueves 28 en el penal de Chonchocoro, en las que indicó que los restos del ex líder socialista están en la hacienda de un militar.
«Conocemos la región, estamos convocando a otros investigadores especiales, de repente a un planimetrista porque no es fácil», dijo. La autoridad enfatizó que dentro de las investigaciones «nosotros tenemos alguna reserva y la vamos a hacer conocer en su oportunidad, si ese militar está o no está en Bolivia, en La Paz o en cualquier otra parte».
Juicio. El pasado lunes se conoció que la familia de Quiroga Santa Cruz interpuso una demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de voluntad de sus autoridades para encontrar los restos del ex líder socialista. La denuncia fue presentada el 9 de marzo de este año.
Quiroga Santa Cruz fundó en 1971 el Partido Socialista 1 (PS-1). Fue candidato a la presidencia de la República en 1978, 1979 y 1980. Y como Diputado, en 1979, emplazó a juicio de responsabilidades a Banzer Suárez por los delitos cometidos durante los siete años de gobierno de facto (1971-1977). Desapareció en julio de 1980.
María Soledad Quiroga, hija de Marcelo Quiroga Santa Cruz, dijo ayer que espera que la Fiscalía investigue la veracidad de esta información hasta ahora nueva.
«A lo largo de todo este tiempo hemos recibido una infinidad de informaciones, hasta ahora infundadas, que no nos ha permitido avanzar en la investigación y en la recuperación de los restos de mi padre. Así que no tenemos ninguna seguridad de que esto sea una información fidedigna. Tampoco podemos descartarlas. Las instancias competentes deberían investigar», puntualizó a La Razón.
La hipótesis de que el militar que enterró los restos de Quiroga haya pertenecido al entorno de Banzer no fue rechazada ni aceptada por el también fiscal del caso Isabelino Gómez. «Es un tema delicado, hay que contrastar los datos. Está en el libro de Luis García Meza (¡Yo Dictador!) que parte del entorno del general Banzer habría participado. Está en el libro y esa información hay que contrastarla».
En septiembre, Arce Gómez reconoció tener información de lo que sucedió en su régimen y anunció que negociaría su difusión «para ganar algo». «Si quieren saber algo, yo tengo que ganar algo también, no es gratis», declaró a la prensa en esa ocasión.
Arce Gómez purga una condena de 30 años, sin derecho a indulto, que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia el 21 de abril de 1993. Regresó a Bolivia el 2009 tras cumplir una pena en Estados Unidos, donde fue hallado culpable por narcotráfico. La ex autoridad cumple su condena en el penal de Chonchocoro.
Otras víctimas
Según la Fiscalía, Luis Arce Gómez indicó que en cuanto a los desaparecidos Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal, el primero murió por un exceso de un oficial y la familia habría recibido el cuerpo, del segundo no sabe dónde está.
Ratifican condenas para paramilitares
La Corte Suprema confirmó ayer la sentencia de 30 años, sin derecho a indulto, para los paramilitares Franz Pizarro Solano, José Luis Ormachea España y Felipe Froilán Molina Bustamante (Killer) que participaron del golpe de Estado de Luis García Meza (1980).
La ministra Ana María Forest reveló el contenido del Auto Supremo 504 que declara infundados los recursos interpuestos por los acusados por delitos de alzamiento armado en contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, encubrimiento y asesinato.
Pizarro, Molina y Ormachea fueron acusados del asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de los sindicalistas Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura, en la toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), durante el 17 de julio de 1980. Los incriminados fueron procesados en rebeldía y deberán cumplir la sanción en el penal de Chonchocoro de La Paz.
La Suprema también condenó con tres años de prisión a Raúl Solano Medina, Rogelio Gómez Espinoza, Adolfo Ustárez Ferreyra, José Gregorio Loza Balsa, René Javier Hinojosa Valdez y Joaquín Quisbert Quiroga, acusados por los delitos de encubrimiento y falso testimonio.
Al ex militar Faustino Rico Toro la Suprema le impuso la pena de dos años de reclusión. Y subió la pena a tres años a David Alarcón Romero, César Altamirano Lavadenz, Gualberto Aquize y Marco Mena Vargas.
