Promulgada en 1920 como un «Reglamento de Imprenta», cuyo objeto era proteger la libertad de imprenta más que la de expresión (hay que recordar que ésta, como la conocemos hoy, recién fue reconocida como derecho humano en 1948), fue elevada a rango de Ley mediante Decreto Supremo de 1925 y desde entonces permaneció vigente sin nunca haber sido plenamente aplicada.
Desde entonces hasta ahora, la Ley de Imprenta ha sido invocada tanto por el gremio periodístico como por el de los propietarios de medios como la salvaguarda del derecho a la información, tributario de las dos libertades nombradas arriba.
Y, sin embargo, precisamente por haber sido elaborada hace 90 años y por su poca eficacia normativa, al menos en la última década ha sido vigoroso el debate entre modificar la Ley de Imprenta y dejarla tal como está, y hasta ahora había prevalecido el criterio conservador.
Por eso, es una importante noticia la determinación adoptada en el congreso de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, donde las y los periodistas decidieron revisar la casi centenaria norma. Pronto, otros gremios del quehacer comunicacional se han adherido a la determinación. Esta nueva actitud puede ser, ojalá, el inicio de un verdadero ejercicio de autorregulación del oficio y de los medios.
