La Contraloría emitió un informe que responsabiliza a Mirtha Quevedo por un daño de 1,4 millones de bolivianos a la Prefectura de Oruro. En su condición de prefecta (1996), desafilió a funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS).
La CNS inició un proceso y ganó el juicio, porque no se encontró ningún motivo para sustentar la decisión de Quevedo, sostiene un informe de auditoría de la Contraloría.
La Gobernación de Oruro solicitó a la Cancillería viabilizar la notificación del caso, para que Quevedo asuma defensa. La ex ministra, acusada por el caso octubre-2003, está en Perú.






