El plazo que la británica Rurelec le puso al Estado para recibir una compensación «razonable» por la nacionalización del 50,001% de sus acciones en la eléctrica Guaracachi expiró el sábado (La Razón, 13 de noviembre). Rurelec informó que todas las negociaciones entre el Gobierno y sus representantes «fracasaron» y anunció un proceso internacional. La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, dijo que el Gobierno está preparado.
— ¿En qué nivel se encuentran las negociaciones por la nacionalización de las acciones de Rurelec PLC en Guaracachi?
— Para que las negociaciones con la británica Rurelec tengan un punto de partida era necesario que la valuación de sus acciones fuera realizada por una tercera empresa y eso es justamente lo que ha llevado a cabo la empresa Profin Consultores. Esta firma ha establecido el valor de las acciones y ha llegado a un resultado que toma en cuenta varios aspectos.
— Luego de tener estos resultados, ¿cuál ha sido la propuesta de indemnización ofertada por el Gobierno a Rurelec?
— En la última reunión que hemos tenido, los resultados de Profin se pusieron en mesa, pero los mismos no fueron del agrado de Rurelec. La suma ofertada por el Gobierno fue considerada negativa por esta firma, que pretende otro monto de indemnización. Por esta situación, no hemos podido llegar a un punto de concertación.
— Entonces, ¿la empresa ratificó su pedido de al menos $us 79,3 millones por sus inversiones en Guaracachi y por los dividendos generados el 2009?
— Exactamente, incluso hacen una serie de apreciaciones sobre cómo ellos han invertido más de 110 millones de dólares, pero la realidad de la documentación que se tiene, principalmente recolectada por Profin, no dice lo mismo. Para nosotros, eso es lo que vale y es lo que vamos a tomar en cuenta para comenzar a diseñar nuestra estrategia. Bolivia va a ir al arbitraje que ellos quieran y estamos dispuestos a defendernos porque estamos seguros de que la documentación nos respaldará en las razones que tenemos para no pagarles lo que ellos pretenden.
— ¿Cuáles son esas razones?
— Por lo general, ninguna de las empresas (eléctricas nacionalizadas) ha cumplido con sus compromisos de inversión, por lo que sería vano reclamar el cien por ciento de las mismas, es decir, lo que ellos pretenden. Obviamente, están en su derecho al emitir la opinión que ellos vean conveniente, pero aquí lo objetivo son los documentos, y eso exactamente es a lo que nosotros como Ministerio de Defensa Legal del Estado nos abocamos, revisamos y analizamos, dando así estricto cumplimiento al decreto de nacionalización que plantea, si procede, una justa compensación.
— ¿En qué situación se encuentran las otras nacionalizadas?
— Con las otras empresas estamos justo en el momento de las conciliaciones y los acercamientos, inclusive con PAE (Pan American Energy); ninguna de ellas ha iniciado todavía un proceso arbitral. Quiborax es la única empresa con la cual tenemos problemas.
— ¿Qué avances se han registrado en este último caso?
— Bolivia ha hecho la objeción a la jurisdicción y a la competencia del Tribunal (del CIADI) y estamos a la espera de las audiencias que se van a llevar a cabo en mayo del 2011. Dependerá de esa situación el que nosotros ingresemos a un verdadero arbitraje, si es que nosotros lo aceptamos; porque hay tantos mecanismos internacionales a los que podemos acudir y todo ello nos permite decir que no le tenemos miedo al arbitraje. Estamos seguros de lo que vamos a hacer, de adónde vamos a ir y de las medidas que vamos a asumir.
— ¿Esta situación de sostener diferentes procesos arbitrales no va afectar los intereses económicos del Estado?
— El costo económico para ir a un arbitraje está entre los tres o cuatro millones de dólares, pero por qué no nos vamos a arriesgar si tenemos la razón.
— ¿Cómo se manejarán todos estos casos en el período de transición a Procuraduría?
— Posiblemente va a haber una subprocuraduría que se hará cargo de los procesos arbitrales, pero los casos no se pueden detener.
‘Sería preferible ir a un arbitraje con Atlas’
La ministra de Defensa Legal del Estado (MDLE), Elizabeth Arismendi, afirmó que sería preferible para el Estado boliviano ir a un arbitraje con la empresa canadiense Atlas por sus inversiones en el proyecto de reactivación de Karachipampa. La medida, dijo, definiría un resultado «justo» para ambas partes.
El domingo, el abogado de Atlas, Jorge Valle, informó que la firma retiró la última propuesta que había realizado de $us 850.000 por sus inversiones en Karachipampa. «El plazo ha vencido y los ejecutivos decidirán el inicio de un arbitraje internacional. Esta decisión se ha informado a la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) y al Ministerio de Defensa Legal del Estado», manifestó.
Por su parte, Arismendi informó que el Gobierno no cederá ante la pretensión económica de Atlas y ratificó que —según el estudio de apreciación de la Comibol— la última propuesta oficial es de $us 680.000.
«Quizá es preferible ir a un arbitraje para que en realidad el arbitraje determine un resultado justo para ambas partes, toda vez que no se ha podido llegar a un punto de concertación entre ellas», indicó.
Al margen de las negociaciones que se han tenido con Atlas, explicó, el MDLE ha estado trabajando con toda la documentación del caso para «encontrar los caminos» más factibles que preparen su defensa a nivel nacional e internacional». Empero, el Gobierno está abierto a una posible concertación, dijo.
