Un juez en Oruro ha dispuesto cesar la detención preventiva de los suboficiales acusados de torturas y tratos crueles a un recluta que prestaba servicio militar obligatorio en el Regimiento Ranger de Challapata. Los acusados gozarán de libertad a cambio de una fianza, presentación de garantes y firmar el libro de asistencia. Su abogado defensor aclaró además que siguen siendo miembros del Ejército.
El caso remite a uno de los más recientes episodios en la interminable cadena de denuncias de abusos cometidos en los cuarteles contra quienes cumplen con su deber constitucional de prestar servicio militar obligatorio. Uno más, que evidencia vulneración de derechos humanos como parte de la formación militar.
Se ha dicho que los jóvenes que se presentan en los cuarteles saben a qué están yendo, que los militares no se parecen a las monjas, en fin, que el cuartel sirve para forjar hombres recios.
Seguramente es así, pero en la medida que se trata de un deber constitucional, obligatorio, y no de una prueba de hombría o de temeridad a la que se someten sólo los más valientes, cabe reclamar por condiciones óptimas para quienes asisten al servicio militar. Hablamos, para comenzar, de respetar los derechos a la vida, a la indemnidad y a la dignidad de los jóvenes reclutas.
