La Fiscalía General pidió a la Corte Suprema viabilizar un juicio penal ordinario contra el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, por un caso de corrupción denunciado el 2008. El acusado se declaró perseguido político y anunció acciones internacionales.
La máxima instancia judicial determinará «si se prosigue como juicio de responsabilidades o se deriva a la justicia ordinaria (este caso)», explicó el fiscal General, Mario Uribe, quien consideró que hoy sólo el Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial pueden ser sometidos a juicios de responsabilidades.
La denuncia contra Suárez se remonta al 2008, año en el que aún estaba vigente la antigua ley de Juicio de Responsabilidades, que incorpora en casos de corte a los entonces prefectos como Suárez. El 14 de junio de ese año, la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, presentó la denuncia por irregularidades en la construcción de la carretera San Ramón-San Joaquín-Buena Vista, del Beni.
«La Fiscalía General ya tiene una decisión en sentido de que debe ser remitido a la justicia ordinaria (el proceso contra el gobernador del Beni)», afirmó Uribe, quien apoyó su posición en el hecho de que la Constitución y la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades no incorpora a los gobernadores en casos de corte.
Desde Santa Cruz, Suárez denunció «persecución política» del oficialismo y anunció que llevará su caso a instancias internacionales, aunque no precisó a qué foros recurrirá.
«Soy víctima de una persecución política que auspicia el Gobierno porque yo ni firmé ese convenio porque estaba fuera del país. Creo que éstas son las muestras fehacientes de que hay una presión política fuerte sobre el Ministerio Público», denunció.
La pasada semana, la Fiscalía General emitió un requerimiento acusatorio contra el Gobernador del Beni, por la comisión de los presuntos delitos de malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Su colega cruceño, Rubén Costas, afirmó que las acciones judiciales contra autoridades regionales pretenden copar espacios políticos perdidos a través del voto ciudadano. «Ésta es la nueva neodictadura del MAS. Es una vergüenza que quieran llegar a los espacios políticos donde perdieron en las urnas. Con esta intención lo único que quieren es meternos a la cárcel», afirmó.
Costas también tiene juicios por el uso de dineros públicos en el referéndum autonómico del 2008 y desacato. El vicepresidente, Álvaro García, y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, plantearon juicios por desacato.
Desde la cárcel, el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, se declaró ayer preso político. «Me encuentro detenido sólo por haber representado a la ciudadanía y sus legítimas reivindicaciones».
PROCESO. Barrón está vinculado con los hechos del 24 de mayo del 2008, donde varios campesinos fueron vejados en la plaza principal 25 de Mayo.
La diputada del oficialismo Rebeca Delgado aseguró que el Gobierno no intervino en ninguno de los procesos judiciales. «Hay que separar las cosas; si una persona electa tiene en su contra acciones judiciales, no puede manifestar que tiene una persecución del Gobierno», respondió frente a las denuncias de la oposición.
El ex alcalde de Potosí, René Joaquino, fue sentenciado a tres años de cárcel por la compra de vehículos usados. El sábado, la ex autoridad afirmó que «el MAS intenta tomar la Alcaldía».
