El Gobierno alejó de su cargo a Eugenio Mendoza, viceministro de Gestión Institucional en la Cancillería, y negó que exista un proyecto de reglamento de cultos que, entre otros, intente controlar los diezmos que reciben las iglesias establecidas en el país.
«Queremos poner fin a esta polémica que se generó a raíz de la presentación de un documento de reglamentación que no tenía validez, porque no representaba la opinión del Gobierno. Ese documento se presentó a espaldas del presidente (Evo) Morales y del canciller (David) Choquehuanca», explicó ayer, en conferencia de prensa, el portavoz del Palacio, Iván Canelas.
Acerca de la situación de Mendoza, agregó que «en ese sentido se dispuso que el responsable de haber entregado este documento sin conocimiento del Presidente, del Canciller y del Gobierno sea destituido de sus funciones. El viceministro encargado de este tema ha presentado renuncia a su cargo y por lo tanto no debería haber problema».
Según la autoridad, el Ejecutivo no tiene la intención de categorizar a las iglesias en Bolivia, porque la Constitución Política del Estado establece, en su artículo 4, que hay libertad de culto. Afirmó que todas las iglesias tienen los mismos derechos, por lo que nadie goza de ninguna prerrogativa.
El sábado, La Razón publicó que la Asociación de Evangélicos de Bolivia, reunida en un encuentro de emergencia en Cochabamba, rechazó un proyecto de Reglamento de Cultos que había sido enviado a esa congregación por Mendoza, viceministro de Gestión Institucional de la Cancillería del Estado Plurinacional, para su análisis y observaciones.
El representante evangélico Agustín Aguilera señaló que el documento era inconstitucional y denunció que la intención era «fiscalizar los recursos económicos que ingresan a las organizaciones religiosas, obligándoles a presentar informes cada año».
Al respecto, Canelas sostuvo que»no existe interés de controlar los diezmos, los feligreses tienen todo el derecho de depositar su aporte a la iglesia donde asisten sin ningún control. El Presidente les dijo que es algo parecido cuando los afiliados a un sindicato hacen sus aportes voluntarios, de manera que no se puede efectuar control»
No obstante, aclaró que «es cierto que se necesita una reglamentación, pero ésta será elaborada de manera coordinada y consensuada con todas las iglesias presentes en el territorio boliviano».
Aguilera confirmó a La Razón que el domingo, en la reunión con autoridades del Ejecutivo, se presentó una propuesta. «Es un tema complejo. Estamos solicitando reconocimiento legal de la Iglesia Evangélica. Actualmente, estamos reconocidos como asociaciones civiles sin fines de lucro y de carácter religioso».
El polémico artículo
El artículo 27 del proyecto indicaba que para realizar recaudaciones masivas, los actos religiosos deben contar con la presencia de un Notario de Fe Pública y extender copia a oficinas de culto de la Cancillería.
