El Vicepresidente informó ayer que devolverá los libros que presentaron organizaciones de prensa para promover la iniciativa ciudadana y modificar la Ley Antirracismo en lo concerniente a la labor de los medios y periodistas. Según la autoridad, el proceso que siguieron dichas entidades fue errado; éstas aseguran que se ciñeron a la CPE.
García Linera denunció que representantes de diversas organizaciones de prensa actuaron «con mentiras y poca seriedad», porque no presentaron el millón de firmas que dijeron haber recolectado de la ciudadanía.
Agregó que le llegaron ocho cuadernos con 32 mil firmas, y que en éstos no figura la pregunta para impulsar la iniciativa ciudadana, que busca la derogatoria del artículo 16 y la modificación del artículo 23 de la Ley Antirracismo en base a un proyecto de ley.
«No dejaron 800 mil firmas, no dejaron decenas de cuadernos, dejaron estos ocho cuadernos, hemos contado las firmas y en total son 32.049 (…) no hay un millón de firmas, no hay 800 mil firmas, son 32.049 las que he recibido en la Vicepresidencia», cuestionó.
Ante la acusación, el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, explicó que la iniciativa que promueven no requiere de un número determinado de firmas e invitó a la autoridad a leer la Carta Magna para interiorizarse de este mecanismo constitucional. «En ningún momento dijimos que teníamos un millón de firmas, existe un número que vamos a dar a conocer «, dijo.
Representantes de los órganos de prensa informaron el martes que presentaban a la Vicepresidencia, de forma simbólica, ocho libros. Ese día se dijo que el apoyo ciudadano se manifestó en unas 800 mil firmas. Ayer por la tarde, las entidades a cargo de la recolección de rúbricas se reunieron y emitieron un comunicado en el que informan que ya se tienen contabilizadas unas 400 mil, pero que aún reciben libros de varias regiones del país.
El Vicepresidente aseguró que en libros de La Paz, Oruro y Potosí detectaron suplantación de nombres al contrastar los datos con el Padrón Biométrico y citó ejemplos. Destacó que el libro de firmas de Yacuiba (Tarija) es el único que cumplió con los requisitos, puesto que tiene la carta, el acta de apertura y la propuesta de modificación de la ley.
Según la Constitución Política del Estado (CPE), la iniciativa ciudadana puede ser impulsada por una sola firma, toda vez que está reconocida en el artículo 11. Sin embargo, la misma CPE dice que esa forma de democracia debe ser desarrollada por ley. García recordó que la Asamblea Legislativa aún no aprobó una norma que reglamente la iniciativa ciudadana. «Esa ley no existe todavía, por lo tanto, esas firmas no pueden viabilizarse».
En tanto que el comunicado de los órganos de prensa establece, en un primer punto, que en la iniciativa ciudadana lanzada en octubre nunca se estableció un número fijo de firmas. También aclara que los ocho libros entregados a la Vicepresidencia representaban una muestra «en vista de las amenazas recibidas por asambleístas del MAS en sentido de que se iban a quemar o destruir los libros». En otro punto, se resalta que las organizaciones de prensa resguardan más de 130 libros «con miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos del país que manifestaron sin presión su defensa a favor de la libertad de expresión».
Además, se asegura que en cada libro figura la exposición de antecedentes y la redacción del proyecto de ley denominado »Ley de Defensa de los Derechos y Libertades de Expresión, Prensa e Información». Finalmente, las entidades de prensa insisten en el pedido «para que nuestra iniciativa sea considerada por la Asamblea Plurinacional».
La Ley Antirracismo, promulgada el 8 de octubre, prevé en su artículo 16 sanciones económicas a los medios de comunicación; y en el 23, procesos a los periodistas.
Versiones de ambas partes
Gobierno
Sólo entregaron 32 mil firmas y no 800 mil como se anunció. No se incluyó las preguntas. Hay casos irregulares en firmas y números de carnet de identidad.
Periodistas
La iniciativa fue transparente y pública. Hay 400 mil firmas. El Gobierno quiere encubrir la falta de capacidad para solucionar problemas de los ciudadanos.
