El Ministerio Público notificó al Concejo Municipal con la acusación formal, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, contra su presidenta, Desirée Bravo, y solicitó su suspensión apoyándose en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
La concejala, que llegó a ese cargo por la agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos, del alcalde Percy Fernández, fue acusada de haber falsificado libretas de colegio y su Título de Bachiller.
El caso se remite al 23 de diciembre del 2009, cuando el Servicio Departamental de Educación (Seduca), afín al Gobierno, denunció que funcionarios de esa repartición recibían dinero para fraguar documentos. Una de las beneficiadas sería Bravo.
La defensa de la presidenta del Concejo anunció ayer que solicitará la anulación de obrados, porque esa notificación no procede, dado que el juez primero debe resolver los seis recursos presentados a favor de su cliente.
«Hemos presentado un incidente de nulidad de obrados por defectos absolutos y por violación a los derechos y garantías constitucionales y procesales y el juez no se ha pronunciado, y él de forma ilegal conminó al Fiscal para que presente la acusación», señaló el abogado Rodolfo Capobianco.
Raúl Roca, también abogado defensor de la presidenta del Concejo, dijo que «el objetivo es suspender del cargo a Bravo; todas las actuaciones del Ministerio Público tenían un solo objetivo, que era involucrar a la concejala en este ilegal proceso», sostuvo.
Añadió que «el delito de falsedad y uso de instrumento falsificado no se encuentra dentro de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, ellos están forzando un proceso privado para llevarlo a esa norma», remarcó. Bravo, a su vez, recordó sus 20 años en la arena política para defender los intereses cruceños.
