La Fiscalía de Distrito (Tarija) presentó ayer una nueva imputación contra el gobernador Mario Cossío, esta vez por una presunta negligencia. La autoridad no habría hecho el seguimiento a la ejecución de una póliza de garantía de una aseguradora, por incumplimiento de contrato de la empresa Imbolsur en la provisión de cemento asfáltico.
El caso es antiguo, de cuando la entonces Prefectura y el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), tras una licitación, firmaron contrato con esta empresa para la provisión de este insumo.
Según un comunicado de la Gobernación de Tarija, los pagos se efectuaban a contraentrega del cemento y nunca se dio anticipo; pero Imbolsur, aduciendo alzas de precio de importación, se retrasó en la provisión. Esto motivó a que el Sedeca ejecute la póliza de garantía de cumplimiento de contrato, comunicando a la aseguradora 24 de Septiembre que desembolse el monto asegurado.
Sin embargo, esta firma de seguros no acató la orden y declaró ilegalmente la suspensión del trámite debido a un recurso jerárquico presentado por Imbolsur ante el prefecto Cossío, quien resolvió el caso antes de los 90 días establecidos, señala el comunicado.
Según la Gobernación, por normativa interna le corresponde al área jurídica dar cumplimiento a la resolución, pero el asesor legal a cargo demoró en la notificación a la empresa.
Este retraso ocasionó que el fiscal Gilbert Muñoz impute a Cossío bajo el argumento de que el entonces prefecto no habría hecho seguimiento al trámite de ejecución de la boleta de garantía que dependía del área jurídica. Aunque reconoce que sí cumplió con su obligación de resolver el recurso en los plazos previstos.
El Ministerio de Transparencia informó en junio que Cossío enfrenta cinco procesos (dos en la Asamblea Legislativa, uno en la Fiscalía General del Estado y dos en el Ministerio Público).
