El ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé aseguró que el Poder Judicial obró dentro del marco legal al realizar el cobro de los bonos Pantaleón Dalence y Congelado, y añadió que el contralor general, Gabriel Herbas, incurre en discriminación al acusarlo de irregularidades en dicha acción.
«El Poder Judicial, hoy denominado Órgano Judicial, tenía un presupuesto anual que se aprobaba por ley de la República y que además es aprobado previamente por el Ministerio de Hacienda y luego remitido al Congreso», explicó Rodríguez.
Las declaraciones del ex mandatario y ex presidente de la Corte Suprema se producen en respuesta a la denuncia que realizó el Contralor General del Estado a la Fiscalía, en sentido de que Rodríguez, además del actual consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, y otras 15 ex autoridades del Poder Judicial cobraron de forma irregular los dos bonos.
Herbas aseguró el viernes que las ex autoridades cobraron los citados bonos pese a que el Decreto Supremo 21060 (aprobado en 1985) anuló el pago de estos beneficios.
«Efectivamente, el 21060 tenía una referencia a la política salarial, pero a esa norma le sucedieron posiblemente docenas de decretos que a una cantidad de sectores y poderes del Estado generaron excepciones o tratamientos distintos. Es el caso de estos bonos del sistema judicial, que si no hubieran tenido legalidad, no habrían pasado las leyes financiales», replicó Rodríguez.
El ex gobernante indicó que las denuncias de Herbas incurren en discriminación porque el Contralor del Estado no le permitió el derecho a la réplica ni dar una explicación. Recordó que cualquier persona acusada de un delito es inocente mientras se pruebe lo contrario.
«La Ley Safco dispone que las personas que sean identificadas, posiblemente como responsables de actos ilícitos, deben ser notificadas y deben tener el derecho a un proceso de aclaración que no se ha cumplido», dijo Rodríguez al hacer referencia al artículo 28 inciso b) de esa normativa. «Es por eso que reclamo un acto de discriminación de Herbas en tanto él no me permite ser notificado y pueda aclarar antes que él acuse», insistió la ex autoridad.
Citó el artículo 14 de la Constitución Política del Estado (CPE), que «prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación que afecte el goce de los derechos ciudadanos».
El contralor Gabriel Herbas señaló el viernes que los acusados por supuestos cobros irregulares de los bonos Pantaleón Dalence y Congelado incurrieron en los delitos de daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución Política del Estado.
Otro de los acusados, el actual consejero Rodolfo Mérida, dijo el viernes que dispuso la suspensión del pago del bono Pantaleón Dalence el 2009, pero ese mismo año la asociación de jueces presentó un amparo constitucional que repuso ese beneficio. Agregó que el bono Congelado tuvo un «tratamiento especial» a partir del Decreto Supremo 21060.
Rodríguez expresó ayer su esperanza en que el Fiscal General del Estado devuelva la denuncia a la Contraloría para que «observe los procedimientos legales y hacer conocer a los involucrados los hallazgos para que aclaren lo que se deba».
Datos de Rodríguez Veltzé
Eduardo Rodríguez Veltzé fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y, desde ese cargo, presidía también el Consejo de la Judicatura. En julio del 2005, tras la dimisión del entonces jefe de Estado, Carlos Mesa, asumió el mando de la nación debido al principio de la sucesión constitucional.
Rodríguez estuvo al frente del país hasta enero del 2006, cuando entregó el Gobierno al actual primer mandatario, Evo Morales. Rodríguez Veltzé fue también subcontralor de Servicios Legales.
Las explicaciones
Acerca de la discriminación
«Cuando a un ciudadano, sea un ex presidente o un funcionario de menor jerarquía, se le limita en el goce de sus derechos, se lo discrimina. Lo que está sucediendo es una discriminación en el ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución. Todas las constituciones, y más aún la vigente, establecen que una persona se presume inocente hasta no demostrar lo contrario».
Acerca de las auditorías
«En mi presidencia en la Corte Suprema de Justicia yo solicité, y antes también, que la Contraloría intervenga, a través de auditorías, a la Corte Suprema. Estoy hablando del tiempo que serví a la Corte Suprema de Justicia, entre 1999 y el 2006, y se realizaron innumerables auditorías de todo orden al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura».
Acerca de la existencia de bonos
«El Poder Judicial, como muchas otras organizaciones del Estado, hace décadas, tenía un régimen salarial que comprendía efectivamente bonos. Siendo yo presidente del Consejo (de la Judicatura) nunca aprobé ningún bono, cuando me tocó ser ministro y luego Presidente esos bonos ya existían. Cuál es la legalidad de estos bonos es la que debe examinarse antes de acusar».
Acerca de bonos para otros sectores
«Si sólo usamos una norma para condenar anticipadamente una actuación administrativa, nos encontraremos que no es consistente con la realidad, porque la realidad es que esa norma se transformó con excepciones a muchos sectores. El sector Fuerzas Armadas tiene bonos, el Legislativo recibió bonos y ventajas para senadores y diputados, el sector de caminos y el magisterio también».
