Un cable filtrado a WikiLeaks y enviado a Washington por el embajador en Roma, David Thorne, el 3 de febrero del 2010, contiene juicios severos sobre el Gobierno italiano por la iniciativa legislativa que regula el uso de internet y la televisión de pago en Italia.
Conocida como Romani, según decía la nota, la ley «dará margen para bloquear o censurar cualquier contenido» y «favorecerá a las empresas de Silvio Berlusconi frente a sus competidores». Esto, añadía Thorne en su mensaje, «representa un modelo familiar», ya que «Berlusconi y Mediaset han usado el poder de esa forma desde la época del primer ministro Bettino Craxi», en los años 80.
El despacho, que extiende las críticas a la confusión entre público y privado ya emitidas en los informes referidos a la relación entre Berlusconi y Putin, califica además de «infame» un proyecto, manejado por el Ejecutivo, que preveía obligar a los blogueros a obtener el carnet de periodista expendido por el propio Gobierno.
Thorne critica sobre todo la ley Romani, llamada así por Paolo Romani, ex viceministro para las Comunicaciones y hoy ministro de Desarrollo Económico, tras un largo periodo en que el primer ministro ocupó esa cartera como interino a raíz de la dimisión de Claudio Scajola por corrupción.
La Embajada de Roma escribe que, si la ley sigue adelante como ha sido concebida, «sentaría un precedente para que naciones como China puedan copiarla o citarla como justificación para sus propios ataques contra la libertad de expresión».
Assange recibe apoyo antes de la audiencia
Cerca de 600.000 personas habían firmado una petición internacional en internet para que cese «el asalto» contra WikiLeaks ayer, víspera de la segunda vista en el proceso de extradición a Suecia de su fundador, Julian Assange, detenido desde el 7 de diciembre en Londres.
Lanzada por Avaaz.org, organización que promueve el ciberactivismo, la petición hace un llamamiento a EEUU y otros gobiernos y empresas a «que pongan fin al asalto contra WikiLeaks y otras organizaciones colaboradoras». «Exigimos que respeten los principios democráticos y la leyes que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa», dice el texto que a las 18.00 tenía 597.000 firmas.
