— El Presidente ha señalado que las FFAA ya no tienen información sobre el caso Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Qué consecuencias podrían tener estas declaraciones?
— Varias. Primero que no se trata del tema de un fiscal o una institución, es el Estado boliviano el que se encuentra comprometido frente a una inacción. La Corte Interamericana ha sancionado al Estado por no hacer lo que debería hacer y, básicamente, con la poca voluntad que encontramos del Primer Mandatario, obviamente es muy preocupante.
Espero que este manto de protección a miembros de las FFAA, en este caso a la dictadura, no llegue también a proteger a militares que están siendo encausados en este momento por los sucesos de septiembre y octubre del 2003.
— ¿Por qué dice eso?
— Porque esa negativa, o esa falta de voluntad sobre un hecho tan trascendental como es conocer dónde están los restos de quienes desaparecieron en la dictadura del 80, saber quiénes son los torturadores y asesinos, es responsabilidad del Estado y sus instituciones.
No estamos emulando la experiencia de Argentina, ese país que en este momento está encausando a los militares que torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer en la dictadura. Han creado archivos oficiales para investigar estos hechos y han ingresado a desclasificar archivos de militares, torturadores, represores y dictadores. Es decir que el Estado pone una voluntad para esclarecer esos hechos, es una deuda que tenemos con la democracia. Es lamentable y desafortunada esa declaración del Presidente.
— ¿Cree que con esa declaración se podría cerrar la investigación sobre las dictaduras en Bolivia?
— Virtualmente se pone una impronta de caso cerrado cuando el trabajo ni siquiera ha empezado (…) pero la lucha de los derechos humanos es así y hay que seguir adelante pese a este tipo de imposturas. Para nosotros es vital conocer esos archivos clasificados, que existen, porque si no existieran no habría tanta oposición de las FFAA para develar estos documentos.
— ¿El Presidente respondió el cuestionario del caso Octubre?
— Esperemos que cumpla con un deber ciudadano, devolver al tribunal el cuestionario respondiendo a las preguntas que se le hacen, porque virtualmente ese Alto Mando Militar que está siendo procesado lo responsabiliza a él por los hechos de septiembre y octubre.
— ¿Se le dará un plazo?
— No nos corresponde, en el proceso somos parte y todo lo hacemos a través del tribunal del juicio. No podemos poner un plazo, es el tribunal el que lo hará. Sin embargo, extrañamos que hasta la fecha no tengamos una respuesta.
