El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, deberá enfrentar un nuevo proceso judicial, esta vez por la creación de una Secretaría Departamental de Salud. Los trabajadores de Salud lo demandaron por resoluciones contrarias a la Constitución.
La autoridad departamental debía prestar declaraciones sobre esta demanda ayer, sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Carlos Rudy Parada, informó que pospuso la audiencia porque estaba atendiendo otras obligaciones.
La autoridad también es procesada por malversar más de 10 millones de bolivianos en el referéndum autonómico del 2008. El vicepresidente Álvaro García y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, lo demandaron, por separado, por el delito de desacato.
«Estamos viendo que esta demanda tiene por objetivo seguir cortando las cabezas de la resistencia. Están en la búsqueda de desgastarnos. Tienen un fin que es tenernos en la picota para seguir con los objetivos que se han trazado y que están claros ahora; descabezar todo vestigio de una oposición democrática», consideró el Gobernador cruceño.
Los trabajadores de Salud de Santa Cruz cuestionaron la creación de la Secretaría Departamental de Salud y presentaron una demanda por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
El dirigente sindical Lucio Vedia aseguró que no están en afanes de «tumbar gobernadores (Costas), sino que éstos están cayendo solos». Asimismo, demandó la renuncia de funcionarios de la Gobernación por firmar resoluciones contrarias a la ley.
Costas afirmó que las denuncias en su contra no tienen otro objetivo que el anular a la oposición política democrática. En esa línea, sostuvo, está la suspensión de su colega de Tarija, Mario Cossío, quien fue alejado del cargo el miércoles por la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS.
La suspendida autoridad tarijeña es acusada de irregularidades en la compra de asfalto por 1,3 millones de bolivianos. Cossío, quien también se desempeñó como prefecto, tienen más de 20 procesos por un monto superior a 39 millones de dólares.
El opositor Conalde
Los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; del Beni, Ernesto Suárez, y el suspendido Mario Cossío formaron parte del bloque opositor regional Consejo Nacional Democrático (Conalde). Desde esta instancia hicieron frente al gobierno de Evo Morales en temas centrales como la discusión y aprobación de la Constitución Política del Estado.
También alentaron el avance hacia las autonomías, promoviendo la aprobación de sus estatutos, sin un amparo legal. El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien también formó parte del bloque político-regional, está en la cárcel y es uno de los principales acusados por los hechos de violencia de septiembre del 2008 en Porvenir. El Conalde desapareció, pese a intentos de reactivarlo
