Tras ocho meses de la elección de alcaldes y gobernadores, ocho alcaldes y un gobernador fueron alejados de sus cargos por efecto de la aplicación de la Ley de Autonomía, que establece la suspensión de estas autoridades en caso de que tengan una acusación fiscal. Los gobernadores Ernesto Suárez y Rubén Costas también corren el riesgo de ser suspendidos.
Siete alcaldes de la oposición y uno del MAS fueron suspendidos de sus cargos, hasta tanto la justicia defina su inocencia o culpabilidad. El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, fue la primera autoridad edil en ser alejada de su cargo a un mes de su posesión. Cartagena enfrenta una acusación por la malversación de 105.000 dólares en una gestión pasada.
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, es la primera autoridad de la era autonómica departamental en ser suspendida. La Asamblea Departamental, controlada por el MAS, dio curso a la petición fiscal de suspensión por el caso de la compra irregular de asfalto por Bs 1,3 millones.
El artículo 144 de la Ley de Autonomía prevé que «podrán ser suspendidas de manera temporal del ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal». Cossío también enfrenta otros procesos, que representan 39 millones de dólares.
Los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez, también se encuentran amenazados por la norma, ya que existen acusaciones en su contra, aunque aún no hay una acusación formal fiscal.
«La persona que ha cometido un delito, algún acto de corrupción, ya no puede escudarse como autoridad, ahora tiene que defenderse ante la Justicia», afirmó el vicepresidente Álvaro García, quien añadió que fue un funcionario de la Gobernación (Fernando Barrientos) el que presentó la denuncia contra el hoy suspendido Cossío. «Si la autoridad se ha embolsillado dinero del pueblo, no puede ser autoridad», sentenció García.
Entre los alcaldes que fueron alejados del cargo están el de Sucre, Jaime Barrón; Punata, Víctor Balderrama; Bermejo, Delfor Burgos; Potosí, René Joaquino; Mairana, Róger Terceros; Warnes; Nyls Carmona; y de la Alcaldía de Buena Vista, Bladimir Chávez.
Sobre el alcalde de La Paz, Luis Revilla, también pesa una denuncia que podría derivar en su suspensión. La Fiscalía presentó el miércoles una imputación formal por fraguar un documento oficial y no haber rendido cuentas de 156 mil bolivianos de gastos de representación durante su presidencia del Concejo edil.
Según el Vicepresidente, al menos 500 funcionarios públicos están enjuiciados por distintos delitos. Además de 39 autoridades públicas, entre ellas, recordó, el ex prefecto de Oruro Alberto Aguilar. «Para el presidente Evo Morales, cuando es tema de corrupción, no hay partido político, no hay banderas», sostuvo García.
Proceso en la asamblea regional
El artículo 145 de la Ley de Autonomía prevé que se dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite (en la Asamblea), la suspensión temporal de la autoridad».
Procesos
Mario Cossío
Gobernador suspendido
El gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, afronta más de una veintena de procesos judiciales por delitos como malversación, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. El Ministerio de Transparencia dice que el daño alcanza a 39 millones de dólares.
Rubén Costas
Gobernador de Santa Cruz
La Contraloría lo acusa por la malversación de Bs 30 millones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de otros Bs 10 millones en el referéndum autonómico del 2008. El vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal Marcelo Soza lo acusan, por separado, por desacato.
Ernesto Suárez
Gobernador de Beni
La Fiscalía lo acusó formalmente en julio por daño económico al Estado; destinó cerca de medio millón de dólares a la organización del referéndum del 2008. La Suprema decidió, en noviembre, su juzgamiento por la vía ordinaria, en un proceso por irregularidades en la construcción de una obra.
