Los pros y los contras de la ley educativa no se han extinguido en la discusión de sobremesa, del café o de la calle. Y sin embargo, a poco más de un mes de inaugurarse un nuevo año escolar, los padres de familia, desde su asociación y al calor de las políticas que se ha propuesto ejecutar el Gobierno, propician indirectamente otro debate sobre los colegios privados.
Para nadie es un misterio que la educación pública se encuentra sumida en una crisis profunda desde hace décadas, lo que significa que más de una generación de alumnos de escuelas estatales ha recibido una instrucción deficiente y ha alcanzado niveles superiores con falencias, a esa altura de sus vidas, insalvables. Frente a esta realidad conocida por todos, la posibilidad de acceder a una educación privada ha constituido siempre, además de un privilegio, la garantía de una enseñanza mejor.
La calidad de la oferta académica de los colegios privados no ha sido cuestionada, al menos públicamente, pero, en los últimos años, a los gobiernos se les ha escapado de las manos el control de estas instituciones, cuya desmesurada proliferación ha derivado en que muchas se abrieran sin las condiciones mínimas de infraestructura.
En general, el Estado desconoce cuál es el nivel actual de la educación en el país. Hace poco se han presentado los resultados del famoso Informe PISA 2009, que mide en todo el mundo los conocimientos, las aptitudes y las competencias; tres variables relevantes para el bienestar personal, social y económico. Por alguna razón que difícilmente sea de orden económico (se necesitaba pagar 10 mil dólares), Bolivia, al igual que Ecuador, Paraguay y Venezuela en Sudamérica, decidió no participar en esta versión de tan valioso examen de la educación que se realiza cada tres años.
Los procesos de alfabetización y postalfabetización han sido un éxito rutilante del gobierno de Evo Morales; ahora sería óptimo no descuidar las demás aristas de la educación, tanto pública como privada. Para eso, suponemos, está la ley aprobada recientemente y en cuya aplicación habrá que confiar, midiendo los avances y señalando las deficiencias para perfeccionar, entre todos, los procesos formativos de los bolivianos.
De inicio, no es posible seguir tolerando a los colegios que funcionan en simples casas y el Gobierno hace bien en atacar este problema. Debería aplicar la misma vara con los que cobran pensiones de otro planeta.
