La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires (Asofamd) apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado boliviano reconozca y haga efectivo el resarcimiento respectivo a 6.221 víctimas de la violencia política, informó el presidente de la asociación, Luis Aparicio.
El Ministerio de Justicia, en aplicación de la ley del 2004 de resarcimiento a víctimas de la violencia política, inició el registro y calificación de los beneficiarios. Hasta el momento, sólo calificó y aprobó el resarcimiento para 268 personas.
«Los familiares hemos resuelto tomar acciones de acuerdo con el Pacto de San José de Costa Rica (1969) y llevar un juicio internacional porque lamentablemente de este Gobierno no vamos a conseguir nada», afirmó Aparicio.
El Ministerio de Justicia cerró, en junio del 2010, con 6.221 personas el proceso de inscripción de personas víctimas de la violencia política. De este total, sólo 268 recibieron el visto bueno para beneficiarse del resarcimiento que debe pagar el Estado, mientras que el resto aún tramitan ese pago.
Aparicio criticó el trabajo de la comisión encargada del registro y calificación de beneficiarios. Ante la demora y la falta de resultados, se inició un juicio. «Estamos seguros de que el proceso judicial en el país saldrá en contra, por eso iremos a la justicia internacional».
