El analista Carlos Cordero considera que el hecho de que el Gobierno haya sido forzado a derogar el «gasolinazo» podría derivar en una persecución en el ámbito judicial contra la oposición política.
«Herido como está, quizá trate de hacer pagar el costo político a algunos líderes de oposición, endurecerse con procesos judiciales o descalificaciones porque el Gobierno ha recibido un golpe, un golpe duro al dar un paso hacia atrás», dijo el analista a ANF.
El presidente Evo Morales anuló el viernes el decreto que incrementó el precio de los carburantes y de-sató movilizaciones sociales de rechazo en diferentes regiones.
Cinco días antes, el vicepresidente Álvaro García hizo pública la medida e informó de paliativos que no aplacaron las marchas.
