Acusación. García Linera culpa a Doria Medina
Tras la firma del Decreto Supremo 748, derogado cinco días después, surgió el rumor infundado de una restricción a la salida de depósitos bancarios y la devaluación de la moneda estadounidense. Esto causó la «corrida» de más de 200 millones de dólares.
El vicepresidente Álvaro García Linera reveló este monto y, además, indicó que el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue el culpable de difundir aquella información infundada.
La segunda autoridad del país explicó en radio Patria Nueva que el líder opositor emitió aquel rumor en un programa televisivo a nivel nacional. «A los cuatro minutos de su entrevista lanza (la frase) ‘me han dicho que el dólar va a bajar de siete bolivianos a cinco bolivianos’».
Metafóricamente, García Linera dijo que aquella frase fue una «dinamita financiera» que provocó la extracción de dólares del sistema financiero.
Un día después, el presidente Evo Morales intentó poner punto final a las versiones: «Quiero que sepan, compañeras y compañeros, no va a haber ningún ‘corralito’ bancario». Sus palabras no sirvieron para atenuar la desesperación de los ahorristas.
Los primeros datos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicaban que en cuestión de horas la banca nacional soportó una corrida de depósitos que superó los 80 millones de dólares. Pero la «corrida» fue mayor.
García Linera calificó la declaración de Doria Medina como un «acto de terrorismo financiero» y dijo que éste podía ser enjuiciado.
Ante la posibilidad de un proceso, el diputado de Unidad Nacional, Jaime Navarro, respondió: «El cojo echa la culpa al empedrado», y añadió que desde el Gobierno se están buscando chivos expiatorios.
A su turno, el presidente de Asoban, Juan Carlos Salaues, dijo: «La corrida del jueves es producto de que la gente se ha asustado, al margen de quién haya hablado».
La autoridad negó que haya conocido quién era el responsable de la difusión de aquella información infundada; pero también advirtió que esos rumores están tipificados en el artículo 91 de la Ley General de Bancos.
Esta norma indica que «las personas individuales o colectivas que por cualquier medio difundan información falsa acerca del sistema financiero que induzca o provoque el retiro masivo de depósitos de una o varias entidades de intermediación financiera, induzcan a los clientes a no cumplir con los compromisos financieros adquiridos, dañando y/o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de intermediación financiera o del sistema financiero nacional, serán consideradas como autores del delito de daño calificado…».
