Tras el rescate de los 33 mineros en octubre, el Gobierno de Chile prometió reformas en la seguridad para evitar accidentes. Pero pasada la euforia y el optimismo del rescate, el país aún registra una carencias en este aspecto.
BBC Mundo reporta que el 7 de diciembre, justo después del mediodía, hubo una explosión en un pequeño yacimiento de cobre en Tierra Amarilla, llamado Javier Castillo, situado a unos 25 kilómetros al este de Copiapó.
Murió un hombre: Héctor Manuel Cortés; otros dos resultaron heridos, uno de ellos gravemente. El accidente sucedió por causa de un fusible que quemaba más rápido de lo esperado y elevó a 43 el número de víctimas mortales en el sector minero durante el 2010, muy por encima del promedio de 34 fallecimientos anuales registrados en la última década.
Según le dijo a BBC Juan Antonio Pérez, un funcionario del gobierno local, la mina Javier Castillo tenía los papeles en orden. «La investigación establecerá las causas del accidente. La mina funciona de manera totalmente legal y había sido controlada recientemente por el Sernageomin».
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es el ente regulador de todo el sector minero, pero también ha sido blanco de críticas por su presunta falta de capacidad regulatoria.
«He trabajado en minería por más de 30 años y el Sernageomin nunca ha cumplido bien con sus responsabilidades. Por el momento, todo lo que hace un inspector es llegar a la mina, ir a la oficina de la persona a cargo, conversar, firmar papeles e irse», le comentó a la BBC Omar Reygadas, uno de los 33 trabajadores atrapados en la mina San José durante 69 días entre agosto y octubre del 2010.
La oficina del Sernageomin en Copiapó es una construcción terracota, larga y de una planta, ubicada cerca del centro. El director tuvo que renunciar luego de un accidente en la mina Los Reyes.
