De 50.340 causas que ingresaron a las nueve fiscalías de distrito en la gestión 2010, sólo llegaron a tener sentencia condenatoria 736, lo que representa el 1,46 por ciento del total. A ello se suma el hecho de que en Bolivia existen 425 fiscales de materia para atender a una población de 10 millones.
Los datos fueron revelados por el fiscal general del Estado, Mario Uribe, durante su informe anual e inauguración del año fiscal que se llevó a cabo ayer en su sede central y ante la presencia de autoridades del Poder Judicial.
De acuerdo con el informe, ingresaron 50.340 causas nuevas, de las que 3.420 corresponden a Chuquisaca, 11.702 a La Paz, 5.813 a la ciudad de El Alto, 6.664 a Cochabamba, 2.247 a Oruro, 2.978 a Potosí, 2.723 a Tarija, 10.232 a Santa Cruz, 3.319 al Beni y 1.242 a Pando. De ese total, las sentencias condenatorias obtenidas llegan a 736 a nivel nacional.
En entrevista con La Razón, Uribe explicó cuáles son las causas para tener esas estadísticas. Dijo que un 70% de las denuncias no pasan de la fase de la imputación, «y lamentablemente, la población boliviana está judicializando, está penalizando sus problemas cuando puede resolver en la vía conciliadora».
También afirmó que existen innumerables requerimientos acusatorios presentados ante los tribunales de justicia para que sean procesados a través del juicio oral. «Desde nuestra perspectiva, el Poder Judicial en la administración de justicia penal ha colapsado».
Argumentó que en muchos casos no se inician los juicios por la excesiva carga laboral de los tribunales. «En su caso tenemos fecha, pero de aquí a un año e incluso para 15 meses; entonces, el Ministerio Público cumple adecuadamente su labor, pero hay otros imponderables; así se explica el porqué de tantas denuncias y pocas sentencias».
Personal. Por otra parte, durante su informe, Uribe también reveló que el Ministerio Público actualmente cuenta con un total de 425 fiscales de materia, para una población de más de 10 millones de habitantes, «los que son insuficientes para cumplir eficientemente sus funciones, más aún si tenemos presente que el ordenamiento jurídico nacional ahora le atribuye al Ministerio Público otras competencias que no tenía antes».
Señaló que es necesario incrementar más ítems para la contratación de fiscales de materia especializados y personal de apoyo. «Una vez más, reitero que la proyección del Ministerio Público es tener un fiscal en cada uno de los 328 municipios del país y reforzar en las capitales de departamento», sostuvo.
Uribe dijo que pese a la situación económica y de infraestructura en la que se encuentra la Fiscalía, este año tiene el reto de disminuir los índices de criminalidad y otorgar mayor seguridad jurídica, buscando una convivencia en paz y armonía entre los bolivianos.
Finalidad del ministerio público
El Ministerio Público es un órgano que tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejerce la acción penal pública conforme a lo establecido en la CPE.
