La revista estadounidense Salon tuvo acceso en exclusiva a la orden judicial de un tribunal de Virginia con fecha del 14 de diciembre y que aparece publicada en la página web de la revista.
«La existencia de una investigación gubernamental secreta estadounidense por espionaje sobre WikiLeaks ha sido confirmada por primera vez al salir a la luz pública la citación judicial», afirmó WikiLeaks en un comunicado.
La organización está en el punto de mira del Gobierno de Estados Unidos a raíz de la publicación a finales de noviembre de cientos de miles de documentos confidenciales redactados por diplomáticos basados en embajadas estadounidenses en distintas partes del mundo.
WikiLeaks señaló que los investigadores estadounidenses han pedido a Twitter, con sede en San Francisco (California), información de Assange y algunos de sus partidarios como Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks.
«Si el Gobierno iraní intentase mediante coerción obtener información sobre periodistas y activistas extranjeros, los grupos de derechos humanos alrededor del mundo se pronunciarían al respecto», afirmó WikiLeaks en el comunicado.
Twitter no ha realizado por el momento comentarios sobre la citación y se ha limitado a decir que su política consiste en notificar a sus usuarios, siempre que sea posible, sobre las solicitudes oficiales de información.
Además de Assange y Manning, la orden judicial también exige a Twitter que entregue información sobre Birgitta Jonsdottir, una legisladora de Islandia; el pirata informático holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum.
La legisladora islandesa ha calificado la citación judicial como «completamente inaceptable».
«El Gobierno de Estados Unidos quiere saber todo sobre mis tweets desde el primero de noviembre de 2009. ¿Son conscientes de que soy miembro del Parlamento de Islandia?», se preguntó Jonsdottir en un mensaje de Twitter enviado ayer por la noche.
La política islandesa aseguró que emprenderá una campaña legal para impedir que el gobierno estadounidense se haga con sus mensajes después de que Twitter le informase que se había emitido la citada orden judicial. «Tengo 10 días para detener el proceso vía legal antes de que Twitter entregue la información», afirmó Jonsdottir. La orden judicial sostiene que la información requerida es «relevante» para «una investigación criminal en marcha».
Reubican a personas mencionadas
Riesgo
El Gobierno de Estados Unidos ha identificado a «cientos» de personas en todo el mundo que cree se podrían encontrar en peligro por la filtración de los cables diplomáticos de WikiLeaks y ha ayudado a reubicar a varias de ellas a lugares más seguros.
