El Gobierno de Chile enfrenta un conflicto con la población de la región de Magallanes, en el extremo sur del continente americano. El conflicto, que según despacho de la agencia EFE movilizó el domingo a 8.000 personas, se origina en la decisión de la Empresa Nacional del Petróleo de incrementar el precio del gas en un 16,8% a partir del 1 de febrero.
En Chile como en Bolivia, y seguramente en cualquier otro país del orbe, el incremento en el precio de este insumo básico en la vida contemporánea conlleva una ola de protestas impulsada con mayor vigor por aquellas poblaciones más afectadas.
Pasarán cuatro semanas entre el anuncio y la entrada en vigor del nuevo precio del carburante; lapso que las autoridades emplean para negociar subsidios y compensaciones.
Mientras tanto, las protestas crecen, y el miércoles se ha previsto que Punta Arenas sea el epicentro de una movilización aún mayor que la del domingo. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha explicado que su Gobierno respeta el derecho a la libre expresión y a la protesta, pero que usará la fuerza pública para contener la violencia, agregando, respecto a la medida, que «gobernar no es un concurso de popularidad y este Gobierno está dispuesto a tomar las decisiones correctas aunque sean difíciles».
