El vocero del Gobierno, Iván Canelas, dijo ayer que el informe del Defensor del Pueblo en el que señala que en Bolivia no se cumple con el debido proceso, está dirigido al Órgano Judicial más que al Ejecutivo. «Hay una tendencia siempre en mezclar las cosas, pasa algo en lo judicial y se le achaca al Ejecutivo, por lo menos así lo entendemos nosotros con esos procesos a ex autoridades involucradas en supuestos hechos de corrupción», indicó Canelas.
Según el informe, en Bolivia no se cumple «adecuada e imparcialmente» con el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de acceso a un juicio justo.
El presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, William Alave, manifestó que no recibió una resolución defensorial que «haga ver que existen denuncias en contra de la Corte Superior o de algún juez, aunque pretendemos acreditarnos con toda la documentación pertinente».
El informe del Defensor señala que existen 92 denuncias por parte de la población en contra de la Corte Superior, además de 122 denuncias contra el Comando General de la Policía. El documento sostiene que los uniformados tanto de la Policía como de las FFAA vulneraron la integridad física.
El comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, sostuvo que esta institución se encuentra «absolutamente consciente» de su realidad y que se implementarán medidas para revertir lo negativo.
