En Túnez, la muerte de un hombre que se roció con gasolina ante la desesperación de perder su fuente de trabajo (un carro de verdulería confiscado por carecer de un permiso de venta ambulante) desencadenó una revuelta popular que puso fin a la larga dictadura del presidente Ben Ali, entronado en el poder por 23 años. Por una parte, la reacción del pueblo tunecino ha puesto en entredicho la actitud condescendiente de la Unión Europea, que optó por desviar la mirada ante violaciones de los derechos humanos, escándalos de corrupción y la manipulación de procesos electorales, en gobiernos magrebíes alejados del fundamentalismo islámico y, por tanto, aliados occidentales en materia de terrorismo e inmigración.
Por otra parte, este hecho adquiere trascendencia al ocurrir en una región administrada por autoridades que comparten una misma naturaleza. A pesar de las diferencias formales y de magnitud, en países como Argelia, Marruecos, Egipto y Libia gobiernan regímenes dictatoriales de características similares. Gracias a la internet y a la revolución audiovisual que erosionaron las barreras de la censura, por todas partes se reproducen ovaciones a favor de la rebelión tunecina, y se leen consignas de apoyo con la esperanza de reproducir este fenómeno por todo el mundo árabe.
