Las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, uno de los primeros productores y exportadores mundiales de alimentos, finalizaron, en la medianoche de ayer, su novena huelga comercial en tres años contra las políticas del Gobierno hacia el sector, pero amenazan con renovarlas.
La medida de fuerza, que consistió en un cese de comercialización de granos por siete días, fue convocada para protestar contra las intervenciones gubernamentales en el mercado de trigo, que, a juicio de las entidades agrarias, distorsionan la normal fijación de precios del grano.
Además de no vender productos por una semana, las cuatro entidades, que representan a unos 290.000 agricultores, realizaron en los últimos días actos de protesta en la ciudad de Bahía Blanca, en el corazón del área productora de trigo, y en el puerto de Rosario, en puertas de la multinacional Cargill, una de las mayores exportadoras de granos de Argentina.
Según fuentes de las patronales, el grado de acatamiento a la huelga ha sido «muy importante», aunque medios de prensa locales reportaron que, en la última semana, se comercializaron 800.000 toneladas de trigo en el mercado doméstico, además de 200.000 de soja y 90.000 de maíz.
Amenazas. «Si bien hoy (por ayer) termina el cese de comercialización, no termina la protesta, y va a seguir hasta que recibamos por el trigo el precio que corresponde. Si vemos que el mercado no se normaliza, en 15 días nos volveremos a reunir y veremos cuáles son los caminos a seguir y las medidas a adoptar», dijo Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las patronales agrarias.
El Ejecutivo de Cristina Fernández, que enfrentó el 2008 un severo conflicto con el campo por los impuestos a las exportaciones de granos, ha calificado esta huelga como una «protesta política», en el inicio de un año que estará marcado por una fuerte puja electoralista de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo.
El Gobierno ha anunciado, en los últimos días, la liberación para la exportación de tres millones de toneladas de trigo de la cosecha 2010-2011, pero no ha dado señal alguna de desmontar el complejo esquema de subsidios y cupos de comercialización, tal como pretenden los productores.
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó el domingo que «Argentina va hacia un proceso donde el Estado intervendrá cada vez más en el comercio de granos» para garantizar el abastecimiento de la demanda doméstica a precios razonables frente a la fuerte demanda internacional.
Los sindicatos agrarios alegan que las políticas impulsadas por la administración Fernández sólo benefician a grandes molinos y exportadores.
Consorcio dice que se gana menos
Ingreso previsto
Según un estudio de la red Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola de Argentina, los trigueros, una vez descontados costos de transporte y el gravamen a la exportación, perciben un 21% menos de lo que deberían cobrar por el cereal.
