En la citación que, según la agencia de noticias ANF, determina que las declaraciones se realizarán entre hoy y mañana, también están incluidos el Contralor General y el Fiscal General del Estado.
La ministra de la Corte Suprema, Ana María Forest, confirmó ayer la convocatoria y la calificó como «un error». No obstante, dijo que ellos están dispuestos a presentarse ante la autoridad del Ministerio Público para explicar el origen de sus nombramientos.
Los ministros citados son: Jorge Von Borries, actual presidente de la Corte Suprema, los ministros Jorge Monasterios, Esteban Miranda, Ana María Foresta y Ramiro Guerrero. Además, se encuentran los consejeros Freddy Torrico y Amalia Morales, todos ellos nombrados en febrero del 2010 por el presidente Evo Morales, mediante decreto supremo.
El portavoz del Tribunal Constitucional, Félix Mur, confirmó que la citación llegó por secretaría a todos los magistrados, pero aseguró que, hasta ayer, aún no tomaron una decisión sobre su asistencia, la que podría ocurrir hoy, durante una reunión del plenario.
Según se conoció, los magistrados citados son: Juan Llanchipa, presidente del Tribunal y los magistrados Abigael Burgoa, Ernesto Félix Mur, Ligia Velásquez, Marco Baldivieso, Lily Tarquino, Agapito Alpire, Eve Carmen Mamani y Nelma Tito Araujo.
La Razón conoció que los ministros de la Suprema, Ramiro Guerrero y Jorge Monasterios, fueron encomendados por sus colegas para presentar un memorial en La Paz, pero este medio no logró obtener la versión de ninguna de estas autoridades judiciales.
El 4 de enero, los parlamentarios opositores Adrián Oliva y Luis Pedraza presentaron, ante la Fiscalía de La Paz, una denuncia contra del contralor general del Estado, Gabriel Herbas; el fiscal general del Estado, Mario Uribe, y otras autoridades del Órgano Judicial, por los delitos de anticipación y prolongación de funciones.
El ex consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, advirtió que los ministros y consejeros que continúen en sus funciones pese a que ya cumplieron su mandato constitucional de seis años, podrían ser pasibles a una demanda de nulidad de sus actos. La aclaración surgió luego de su alejamiento del cargo que ocupó hasta el 3 de enero del 2011. Ese día, Mérida terminó su mandato de seis años, como establece la nueva Constitución Política del Estado al reducir su trabajo de 10 a 6 años.
