El fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres, instruyó ayer al Ministerio Público de Potosí el inicio de una investigación penal en contra de los autores de los hechos de violencia ocurridos en la población de Llallagua.
El instructivo remitido por Uribe al fiscal de Distrito Sandro Fuertes señala que, conforme al artículo 289 del Código de Procedimiento Penal, «disponga de oficio el inicio de investigación penal en contra del autor o autores» de los hechos de vandalismo.
El segundo mayor del ayllu Sikuya, Simón Colque, dijo a La Razón que, «en caso de que el Ministerio Público o algún fiscal quiera emitir alguna citación a las autoridades originarias, inmediatamente las bases van a reaccionar y no nos responsabilizamos de lo que pueda ocurrir».
El Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene competencias para defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad a través del ejercicio de la acción penal.
Hasta ayer, a las 16.00, a la oficina de la Fiscalía de Llallagua sólo llegó una denuncia contra los ayllus. «Es una persona, un abogado, a quien le habrían sustraído una computadora de su oficina durante la marcha», dijo el fiscal Charles Tórrez Ameller.
