La profundidad del sifonamiento en la cima del Cerro Rico de Potosí aumentó a 22 metros, según confirmó una inspección realizada ayer por autoridades locales. El Gobierno sigue esperando un estudio para tomar medidas.
Se está pidiendo, además, a nivel de la Asamblea Legislativa Departamental, la declaratoria de emergencia en la zona del hundimiento, exactamente en la cota 4,786 en la cumbre del cerro y donde estaban ubicadas antenas de telecomunicación.
«Debe declararse la emergencia en el caso del Cerro Rico, considerando que los problemas que registra ponen en riesgo la vida de los mineros que aún trabajan en el lugar, entre ellos miles de cooperativistas», dijo el gobernador del departamento, Félix González. La autoridad fue parte de una comisión que revisó el boquete ayer en la mañana. La misión, informó la red Fides, estaba integrada también por el alcalde de la capital potosina, Zenón Gutiérrez, representantes de Comibol y del sector cooperativista, los que expresaron su preocupación por la situación precaria.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Héctor Córdova, aseguró que el Gobierno «está muy preocupado» por el estado del cerro, patrimonio nacional y de la humanidad.
Indicó que se espera el resultado de un estudio encargado a mediados del año pasado. «Estamos vigilando el sifonamiento, pero no podemos tomar otro tipo de decisiones hasta que finalicen los análisis. En este caso el remedio puede ser peor que la enfermedad si se actúa precipitadamente», justificó. En cuanto se concluya el análisis geotécnico, geofísico y topográfico del cerro, que se prevé esté listo en junio, el Ejecutivo determinará qué se hará para revertir el sifonamiento.
Asimismo indicó que el problema no se limita a la debilidad estructural del cerro, en el que se detectaron cuatro zonas rojas —debido a la constante explotación de sus vetas durante siglos y el calentamiento global que ha hecho que se derrita la capa de hielo que protegía la cima de las lluvias—, sino que hay un componente social que son los 15 mil mineros que aún trabajan en varios sectores. «No podemos sacarlos sin ofrecerles una opción viable de trabajo», advirtió Córdova.
