El documento especifica que, por prelación, el agua debe ir primero para el consumo humano, luego para la producción agropecuaria y para la preservación del ecosistema. Después de cubiertos estos puntos recién se procederá al uso para otros servicios, pero con un control.
«Se debe consultar a las comunidades, a través de sus organizaciones sociales, antes de dar derecho de uso de agua para actividades industriales», precisa la propuesta en el capítulo de principios, deberes y garantías.
En el caso de otros usos, por ejemplo, por parte de empresas mineras, madereras, petroleras, cerveceras, entre otras, éstas serán reglamentadas y deberán aplicar procesos de producción no contaminantes, no afectar el derecho al agua de la gente y estarán controladas por la población y comunidades.
El secretario de Organización de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Gabriel Morales, manifestó que con la nueva ley los sectores sociales, usuarios tendrán todo el derecho de rechazar o autorizar el asentamiento en la zona de una empresa que busque usar el líquido ubicado en el lugar.
«La consulta estará plenamente garantizada con la nueva ley, supongamos que una empresa quiere instalar su predio en una comunidad con recurso acuífero, lo que se va a hacer es una consulta previa y vinculante, en todos los casos, mas no para el pequeño productor agrícola», explicó.
Los operadores de actividades extractivas que ya estén desarrollando su trabajo en el territorio nacional tendrán, a partir de la promulgación de la norma, 365 días para tramitar su derecho al uso del agua, especifica el documento.
Desde ayer y hasta el viernes, representantes de sectores sociales y organizaciones involucradas en el tema agua debaten el anteproyecto de ley para presentarlo a los órganos Ejecutivo y Legislativo y su posterior tratamiento.
Saúl Apaza, representante de la Asociación Nacional de Regantes y de las comunidades aledañas al río Mauri, manifestó que desde el 2010 los sectores sociales realizaron encuentros regionales para elaborar el proyecto base para la construcción del borrador de la Ley de Agua.
Recordó que la necesidad de una Ley de Agua nueva (está vigente la de 1925), luego de que en 1999 se emite una norma que tiene todas las características de la privatización del uso del líquido, es decir que «se concesiona el agua, se indexa la tarifa al dólar y se quita el derecho de las comunidades a las fuentes», subrayó.
