La justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del presidente Salvador Allende, fallecido durante el golpe militar que ejecutó en su contra Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, según fuentes judiciales.
El presidente Allende murió de un disparo mientras el Palacio de La Moneda —sede de gobierno— era bombardeado por la Fuerza Aérea, en un cruento golpe de Estado que terminó instalando al dictador Pinochet en el poder durante los siguientes 17 años.
Una autopsia determinó que el Mandatario se suicidó con un fusil que le había regalado el presidente cubano, Fidel Castro, una versión que ha sido aceptada históricamente aunque los resultados forenses siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos.
«Se tendrá que ver si hubo o no suicidio y en qué circunstancias», explicó este jueves a la AFP una fuente del Poder Judicial, que requirió anonimato.
PEndiente. Ahora la justicia chilena quiere investigar la muerte de Allende junto con otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet (1973-1990) que nunca fueron vistos por la justicia.
Allende «no tiene causa dentro del poder judicial», explicó este jueves la fiscal Beatriz Pedrals, quien presentó querella por la muerte del extinto presidente y por los otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos.
El juez Mario Carroza, quien se encargará de las investigaciones, dijo que «es una responsabilidad tremenda» la tarea que le espera. «Todo aquel elemento, testigo, documento, antecedente que sea necesario al cual recurrir, obviamente lo haré», añadió.
La portavoz de gobierno Ena Von Baer, aseguró que el Gobierno respeta «todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen».
«Lo que no se investigó, la justicia lo investigará», señaló Pedrals, quien expresó la voluntad de la justicia de «judicializar todo lo ocurrido».
Reacciones. La noticia fue bienvenida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta Lorena Pizarro calificó de «potente señal a los otros poderes del Estado».
«Ningún crimen se debe dejar sin investigar. Estamos hablando de más de 700 casos que nunca se han investigado, y que se incluya a Allende hace que cobre una fuerza mayor», dijo la representante de la entidad a la AFP.
Según Pizarro, muchas familias chilenas presentaron diversas acciones judiciales pero la justicia del país no llegó a investigarlas todas, por lo que ahora el respaldo del poder judicial es un aval que asegura que todas deberán ser revisadas.
Pedrals explicó que las querellas comprenden casos de detenidos desaparecidos y fallecidos «sean por las razones que sean», como por ejemplo, personas que fallecieron por una bala perdida en una manifestación.
El anuncio también fue destacado por el Partido Socialista de Chile, al cual pertenecía el extinto mandatario.
«Verdad y justicia sigue siendo un pendiente en Chile, y cualquier iniciativa para que se haga verdad siempre será bien recibida por nosotros», declaró por su parte el presidente de la tienda socialista, Osvaldo Andrade.
Tres mil víctimas de la represión
Recuento
Unas 3.000 personas murieron o desaparecieron en la dictadura de Augusto Pinochet. A la fecha, 560 militares son procesados por esos crímenes. El 2010, el Gobierno rechazó un indulto para algunos militares.
