El alcalde de La Paz, Luis Revilla, calificó como «persecución política» el proceso judicial iniciado contra el oficial mayor de Culturas de la comuna paceña, Wálter Gómez, acusado por la Fiscalía de dañar patrimonio del Estado durante las protestas contra el gasolinazo, en diciembre del 2010.
«Si no son los gastos de representación, son los puentes Trillizos. Ahora resulta que el oficial de Culturas (Wálter Gómez) promueve la violencia. Esto se va aclarar y luego vendrán otros procesos en esta campaña penosa del Gobierno Nacional, que trata de desacreditar al Gobierno Municipal de La Paz», denunció la autoridad.
El fiscal Carlos Fiorilo informó que el Ministerio Público identificó a Gómez y a otros funcionarios ediles como los protagonistas del intento de agresión al edificio de YPFB durante las protestas que se registraron en rechazo al Decreto Supremo 748.
«Son prácticamente los instigadores a los delitos como la toma de inmuebles del Estado. El Ministerio Público tomó conocimientos sobre los destrozos del patrimonio del Estado», denunció el fiscal Fiorilo el último sábado.
El Gobierno promovió juicios contra Revilla por el uso de gastos reservados y anunció, mediante la Contraloría, un proceso contra el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, por la supuesta alteración del precio de los puentes Trillizos.
