Desde 2000 hasta 2005, el Concejo Municipal de La Paz aprobó 12 ordenanzas para regularizar construcciones ilegales que se edificaron en la urbe, pese a que los dueños no legalizaron sus planos en la municipalidad.
De acuerdo con el director de la oficina de Administración Territorial y Catastral del Gobierno Municipal, Álvaro Viaña, de estas 12 ordenanzas, tres son las más importantes, ya que ampliaban el plazo de presentación de los planos de las construcciones o modificaban algunos requisitos de presentación de estos documentos.
La última ordenanza permitió ampliar el plazo para las legalizar construcciones fuera de norma hasta el 2008. Actualmente no existe norma alguna que regularice las construcciones ilegales, indicó Viaña.
Ayer, este medio publicó una nota que señala que 862 edificios de cinco o más pisos de altura se estaban construyendo de forma ilegal el 2010 en la ciudad de La Paz, porque no contaban con planos aprobados por el municipio, y que la Alcaldía legalizaba las obras ya construidas siempre y cuando éstas cumplieran con el reglamento Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA).
A la pregunta de por qué el municipio perdonaba a los infractores, siendo que los propietarios deben primero hacer aprobar sus planos antes de construir, Viaña contestó que el Gobierno Municipal no puede «quitar el derecho de vivienda a las personas».
La responsabilidad de la Alcaldía de La Paz llega sólo hasta la aprobación de los planos de construcción, la calidad de la estructura de la obra sólo le compete al dueño del inmueble y los profesionales que éste haya contratado, afirmó.
«Nosotros no podemos invertir recursos públicos y funcionarios municipales para que estén como residentes de obra en cuestiones particulares, no podemos ingresar (a fiscalizar) la calidad de las infraestructuras. Son edificaciones promovidas por privados, si el fin último de éstos es lucrar para vender los departamentos (que construyeron) en beneficio de ellos, no podemos beneficiarlos», añadió el funcionario municipal.
La autoridad también indicó que es potestad del Concejo evaluar la posibilidad de aprobar una norma que regularice las obras que están fuera de norma. «También se pueden elaborar normativas desde el nivel central del Estado para fiscalizar», apuntó.
